BLOQUE I — Introducción
BLOQUE II — Contexto político y condicionantes estructurales
BLOQUE III — Condicionantes nacionales del voto
BLOQUE III — Condicionantes nacionales del voto (Continuación)
BLOQUE IV — Conclusiones
Conclusiones generales del Bloque IV
BLOQUE V — Base jurídica para la nulidad electoral
ANEXO A — Documentos de la Línea VIGIA
La Misión de Observación y Acompañamiento Internacional presenta el presente informe con el propósito de evaluar las condiciones en que se desarrollaron las elecciones presidenciales de Colombia de 2026, celebradas el 31 de mayo (primera vuelta) y el 21 de junio (segunda vuelta). El mandato de esta misión se fundamenta en los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Carta Democrática Interamericana y las mejores prácticas del Derecho Comparado en materia de observación electoral.
El presente bloque corresponde a abordar los siguientes temas: (i) la inscripción del proceso electoral en la reorganización geopolítica global; (ii) el modelo de desarrollo y de país que se encontraba en disputa; y (iii) las formas concretas que adoptó la injerencia extranjera y sus efectos sobre la libertad del electorado, incluido el voto en el exterior. Este bloque no anticipa las conclusiones de valoración global, que corresponden al Bloque III de este informe, pero sí establece el marco de análisis indispensable para comprender la magnitud de las irregularidades que serán documentadas en bloques posteriores.
La metodología de trabajo de la misión combinó la revisión documental de 198 archivos distribuidos en 10 lotes temáticos (que arrojaron 443 evidencias catalogadas), la entrevista a actores directos, el análisis estadístico de los formularios E14 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y la observación in situ de los procesos de votación y escrutinio. Los hallazgos han sido clasificados con el sistema de etiquetas probatorias que se detalla a continuación: [HV] = Hecho Verificado (evidencia documental, fotográfica, audiovisual o registros oficiales); [T] = Testimonio (declaración de testigo directo); [I] = Información reportada (noticia, comunicado, denuncia o análisis de fuentes secundarias que requieren verificación adicional).
Es necesario precisar desde el inicio que este informe distingue rigurosamente entre hechos establecidos e interpretaciones analíticas. Los hechos constituyen afirmaciones verificables con fuentes. Las interpretaciones constituyen juicios de valor basados en la correlación de hechos, pero que no pretenden erigirse en verdades definitivas. Asimismo, la misión se abstiene de afirmar que algún candidato "ganó" o "tuvo victoria" en sentido definitivo, dado que las cifras reportadas por la Registraduría presentan anomalías estadísticas que ameritan investigación exhaustiva antes de proclamar cualquier resultado como expresión inequívoca de la voluntad popular.
Las elecciones presidenciales de Colombia de 2026 no pueden comprenderse al margen del contexto de reorganización geopolítica que atraviesa el planeta, caracterizado por la disputa entre proyectos de democracia participativa y proyectos de retroceso autoritario, en un escenario de rivalidad de potencias donde Estados Unidos y China disputan la hegemonía en múltiples órdenes: tecnológico, energético, militar e informativo [I]. El conflicto en Ucrania y las tensiones comerciales entre Washington y Beijing configuraron, durante el periodo electoral colombiano, un entorno de polarización interna que trascendió la agenda doméstica y proyectó sobre Colombia las contradicciones del sistema mundial [I].
El presidente saliente, Gustavo Petro, caracterizó el momento actual como una crisis profunda de la humanidad con dos ejes de poder en disputa: el autoritarismo militar y de extrema derecha, por un lado, y las movilizaciones populares globales, por el otro. En un discurso pronunciado en la Universidad de Barcelona el 17 de abril de 2026, Petro comparó explícitamente el momento actual con 1933, año en que Adolf Hitler accedió al poder en Alemania, señalando que la lógica del poder contemporáneo se basa en la extorsión militar —"tenemos la capacidad de destruir toda la humanidad en la sumatoria de misiles"—, con figuras como Donald Trump y Benjamin Netanyahu aisladas en el seno de las Naciones Unidas [T].
En este mapa, Colombia ocupó un lugar central por al menos tres razones convergentes.
Primera, Colombia fue uno de los pocos gobiernos de izquierda progresista que sobrevivió en América Latina durante el periodo 2022-2026, en una región donde la derecha continentalmente articulada —descrita por el sociólogo argentino Lautaro Rivara como "derechas vasallas"— avanzó en Argentina (Javier Milei), Ecuador (Daniel Noboa), El Salvador (Nayib Bukele) y Perú (Keiko Fujimori) [I]. El académico Pablo Vommaro, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), definió estos proyectos como aquellos que "presentan la entrega de recursos como modernización, el debilitamiento del Estado como libertad y la subordinación a Washington como alianza estratégica" [I]. Colombia, en tanto, representaba la "detente" —en palabras de Petro— frente a esta ola: "iban por Colombia, será después Brasil, México" [T].
Segunda, la candidatura de Abelardo de la Espriella fue presentada por múltiples fuentes como parte de una red transnacional de extrema derecha articulada en foros como la Conservative Political Action Conference (CPAC) y financiada por actores como la Atlas Network, con agenda explícitamente pro-Estados Unidos y pro-Israel [I]. Figuras como Milei (Argentina), Noboa (Ecuador), De la Espriella (Colombia), Mulino (Panamá), Abinader (República Dominicana) y Fujimori (Perú) fueron señaladas como "continentalmente articuladas" bajo directivas desde la Casa Blanca y el Departamento de Estado, especialmente en iniciativas como el Escudo de las Américas (A3C) [I]. De la Espriella anunció públicamente que Colombia haría parte de dicha iniciativa, una coalición político-militar impulsada por el gobierno de Donald Trump que permite operaciones conjuntas de interdicción, uso de "fuerza militar letal" y limitación de contratos con empresas chinas [I].
Tercera, la elección colombiana se produjo en un momento en que la administración Trump había reactivado, según múltiples análisis, una versión actualizada de la Doctrina Monroe que incluye el control de la inteligencia artificial y la infraestructura digital, lo que implicaría una nueva forma de colonialismo donde la dependencia tecnológica reemplaza a la dependencia militar directa [HV]. El gobierno de Iván Duque (2018-2022) compró el software espía Pegasus de la empresa israelí NSO Group por 11 millones de dólares en efectivo —fondos que habrían provenido del gobierno de Trump— durante el estallido social de 2021, lo cual se interpreta como una forma de injerencia en la soberanía y en el proceso político colombiano [HV].
La experiencia de Colombia en 2026 compartió rasgos estructurales con al menos tres procesos electorales recientes de la región.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei aplicó un ajuste fiscal extremo que, según datos oficiales argentinos, generó colapso social, aumento de la pobreza al 52% e inflación del 50%, con cierre de 50 empresas diarias [I]. El programa electoral de De la Espriella recogió rasgos explícitos del modelo mileista, incluyendo un ajuste fiscal tipo "Arca de Noé" con 20 billones de pesos de "ahorro" que implicaría el despido de 700.000 trabajadores estatales [I].
En Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa aplicó políticas de austeridad que, según datos oficiales ecuatorianos, generaron aumento de la pobreza y violencia sin precedentes [I]. Durante la campaña colombiana, el gobierno de Noboa anunció medidas de aranceles contra Colombia que fueron interpretadas como injerencia en la campaña electoral colombiana [I]. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa denunció que la injerencia de Estados Unidos en Colombia era "descarada" y comparable a la que sufrió Ecuador [HV].
En Brasil, si bien el gobierno de Lula da Silva resistió el avance de la extrema derecha, el país experimentó una intensa campaña de desinformación durante las elecciones de 2022 que utilizó IA, bots y noticias falsas como herramientas centrales —un patrón que, según el análisis de Julián Macias en Pandemia Digital, se replicó en Colombia 2026 con mayor sofisticación [I].
Colombia ocupó un lugar singular en este mapa por su condición de país con el conflicto armado más prolongado del hemisferio, con una implementación pendiente del Acuerdo de Paz de 2016, y con una transformación económica y social durante el gobierno de Petro que redujo la pobreza a niveles históricos (32%, frente a más del 40% anteriormente), bajó el esempleo a menos del 8% y decretó un aumento del 23% del salario mínimo [I]. El presidente Petro definió la elección como la decisión entre "profundizar más el camino de la vida o regresamos a la mortandad de siempre", entre sobrevivir en el planeta o destruirlo [T].
La candidatura presidencial del senador Iván Cepeda, postulado por el Pacto Histórico, representaba la apuesta por la continuidad de este modelo: la reforma agraria (que alcanzó casi un millón de hectáreas, descrita por Petro como "la reforma agraria más grande hecha en el mundo contemporáneo"), la reindustrialización, la transición energética y la Paz Total [HV]. La candidatura de De la Espriella, por el contrario, proponía la privatización de 39 empresas estatales (incluyendo el Banco Agrario, el Fondo Nacional del Ahorro, Satena, Cenit y el catastro), la eliminación de 23 entidades públicas, la reducción presupuestal del 90% de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con extinción en 2030, y el "Plan Colombia II" con cooperación estratégica de Estados Unidos e Israel, fumigación aérea de 330.000 hectáreas de cultivos ilícitos y fracking a gran escala [I].
Esta disyuntiva explica por qué Colombia se convirtió en el campo de batalla electoral más importante de América Latina en 2026. La derrota de Viktor Orbán en Hungría fue señalada por Petro como "el comienzo de la democratización de Europa por sus propios pueblos" [I]. En contraste, Colombia representaba el frente donde la extrema derecha aún podía consolidar un triunfo decisivo que alterara el equilibrio geopolítico regional.
Las elecciones de 2026 decidirían, en términos sustantivos, entre la consolidación o la reversión de la transformación económica y social de los años 2022-2026. El gobierno de Gustavo Petro había logrado, según datos oficiales citados en múltiples fuentes, reducir la pobreza a su nivel más bajo de la historia, sacar de la pobreza a casi dos millones de personas, mantener la inflación controlada y alcanzar una apertura de 400 empresas diarias [I]. Estos indicadores fueron contrastados, en la campaña, con el modelo de Milei en Argentina, donde el cierre de 50 empresas diarias, la inflación del 50% y la pobreza al 52% ofrecían un horizonte de advertencia [I].
El candidato Iván Cepeda defendió la continuidad de estas políticas en múltiples foros. En una transmisión en vivo del programa "A Fondo" del 26 de abril de 2026, Iván Cepeda reafirmó su compromiso con las reformas y logros del gobierno saliente, asegurando que dicho proceso debía continuar [HV]. En una de entrevista con Daniel Coronell del 22 de marzo de 2026, Iván Cepeda expuso los alcances de su propuesta de gobierno, enfatizando la necesidad de profundizar la transformación estructural [HV].
El presidente Petro, en su discurso en Barcelona, propuso para Colombia escapar del petróleo, el carbón y el gas, lo cual generó conflicto incluso con el "progresismo venezolano" que se fundamenta en el control del petróleo [T]. Señaló que la concentración de la tierra en Colombia es tal que "el 1% de los propietarios tienen el 80% de la tierra", y que la reforma agraria actual, aunque es la más grande del mundo contemporáneo, seguía siendo insuficiente [T]. Afirmó que Colombia "produce más alimentos que nunca, más industria que nunca, exporta vehículos", pero que la violencia del narcotráfico persistía en ciertas regiones [T].
Una dimensión novedosa del modelo en disputa fue el denominado "extractivismo digital". Se identificó un modelo de desarrollo en disputa entre el "Proyecto Júpiter" (infraestructura energética y de conectividad del gobierno Petro) y el modelo de "extractivismo digital" y neoliberalismo que representaba la candidatura de De la Espriella [I]. El "proyecto Júpiter" fue presentado como una apuesta por la independencia tecnológica y energética de Colombia, mientras que la oposición promovería la privatización de recursos estratégicos y la entrega de datos soberanos a empresas estadounidenses [I].
Este extractivismo digital fue documentado en múltiples países de la región. El gobierno argentino de Milei firmó un acuerdo con Palantir (empresa de Peter Thiel, vinculada a Trump) para crear un "gemelo digital social" que integra datos de múltiples fuentes estatales, lo que implica entregar información de ciudadanos a una empresa estadounidense sujeta al Cloud Act [HV]. Chile firmó un acuerdo con Tapestry (empresa de Google) para crear un gemelo digital de su red eléctrica [HV]. El gobierno de El Salvador lanzó la aplicación "Doctor SB" de salud con tecnología de Google Cloud, descargada por 1,5 millones de personas, lo que significa que Google tiene acceso a datos de salud de salvadoreños [HV].
En este contexto, el modelo de desarrollo de De la Espriella implica una mayor apertura a la inversión extranjera en sectores estratégicos (energía, tecnología, datos) sin regulación soberana, lo que profundizaría la dependencia de Colombia respecto a Estados Unidos [I]. El candidato De la Espriella prometió una alianza cercana con Estados Unidos como aliado estratégico en la lucha contra el crimen organizado, mencionando que necesitaba establecer esa alianza para resolver los problemas de Colombia [I]. Estados Unidos tiene en De la Espriella un gobernante "cómodo" para sacar adelante su plan en la subregión, considerando la situación en Venezuela [I].
La relevancia internacional del desenlace colombiano trasciende sus fronteras. La Declaración de Economistas por la Paz planteó que el modelo de desarrollo colombiano estaba en disputa entre un modelo extractivista tradicional y uno de transformación estructural con enfoque de paz, subrayando la necesidad de financiación de la política pública sin dependencia del endeudamiento [I]. Economistas del mundo manifestaron su preocupación por el rol de la banca de inversión y los fondos de capital privado en la financiación de campañas políticas en Colombia, señalando un riesgo de extranjerización de la política nacional [I].
El resultado de estas elecciones —cuyas cifras, insiste la misión, no se sostienen estadísticamente de manera inequívoca y ameritan investigación— tendrá efectos demoledores o esperanzadores para el Sur Global. Una consolidación del modelo de transformación estructural ofrecería un referente de que es posible reducir la pobreza, reindustrializar y avanzar en transición energética en un país periférico. Una reversión, en cambio, consolidaría el paradigma de las "derechas vasallas" como modelo exportable a toda la región.
La injerencia extranjera en las elecciones colombianas de 2026 adoptó múltiples formas concretas, que van desde declaraciones públicas de máximas autoridades estadounidenses hasta acciones de aparato estatal contra disidentes, pasando por la financiación de campañas de desinformación y la presión diplomática sobre instituciones colombianas.
El hecho más visible fue el respaldo público del presidente estadounidense Donald Trump a la candidatura de Abelardo de la Espriella. Trump proclamó el triunfo de De la Espriella como propio en términos inequívocos: "Me cae bien el tigre, saben ¿por qué? Porque yo le caigo bien. Él estaba abajo en la lista de candidatos, no iba a ganar, lo apoyé y ganó" [I]. Donald Trump emitió un apoyo público horas antes de la elección, publicando que De la Espriella ganó "a lo grande" [I]. El Secretario de Estado Marco Rubio llamó personalmente a De la Espriella la noche del 21 de junio para felicitarlo y declaró que la administración Trump esperaba trabajar estrechamente con su gobierno, anunciando cooperación en seguridad regional y retorno de solicitantes de asilo colombianos [I] [HV].
El senador republicano Bernie Moreno (Ohio), nacido en Bogotá y naturalizado estadounidense, fue el intermediario que puso a De la Espriella en contacto con Trump el día del triunfo [HV]. Moreno participó como observador internacional en primera y segunda vuelta, y declaró que "Colombia va a ocupar un lugar central en el Escudo de las Américas" [I]. La participación de Moreno como observador fue cuestionada por el equipo del Pacto Histórico ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), dado que fue destacado en la página web de la autoridad electoral mientras observadores de otras tendencias no aparecían [T].
De la Espriella es, además, ciudadano estadounidense, votante republicano registrado en Miami, y donó a campañas de Trump (2016, 2020) y a la congresista MAGA María Elvira Salazar al menos 92.000 dólares reportados [HV] [I]. Esta doble nacionalidad —que cientos de abogados consideran incompatible con la presidencia de Colombia dado el juramento de lealtad a Estados Unidos— fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad que la Corte Constitucional no resolvió antes de las elecciones, dejando una ambigüedad legal que favoreció a De la Espriella [HV].
Un episodio que ilustra la injerencia extranjera en su forma más extrema fue la detención de Beto Coral, ciudadano colombiano residente legal en Estados Unidos, por agentes de Homeland Security Investigations (HSI) el 19 de junio de 2026 —dos días antes de la segunda vuelta— en presencia de su hijo menor de edad, mientras paseaban al perro en Florida [HV]. Según un memorándum al que tuvo acceso The New York Times, fue el propio Secretario de Estado Marco Rubio quien dio la instrucción para detener a Coral, considerando que su permanencia en el país socavaba los intereses de Estados Unidos [I].
Beto Coral grabó un video durante su detención declarando: "En estos momentos está mi casa, los agentes federales me están llevando... yo sabía que esto iba a pasar en cualquier momento y no podemos arrodillarnos en lo absoluto" [T]. También grabó un audio anterior señalando: "Supuestamente por orden de Marco Rubio... No tengo ningún cargo ni contra, no he cometido ningún delito. Tengo mis documentos vigentes" [T]. El senador republicano Bernie Moreno justificó públicamente la detención afirmando: "No puedes venir a Estados Unidos pedir asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno, socavando al mismo tiempo nuestra política exterior" [I].
Horas antes de la detención, De la Espriella publicó en redes sociales: "Habrá buenas noticias para Colombia y para los colombianos patriotas en el exterior. Dura settles coming", mensaje interpretado como anticipación de la detención de Coral [I]. Según periodistas del New York Times, el memorándum de Rubio señalaba que Beto Coral seguía los pasos para presentar una demanda judicial contra un "aliado de los Estados Unidos" (Abelardo de la Espriella), y que "no se puede permitir que inmigrantes irregulares usen las plataformas americanas para oponerse a socavar la política exterior de Estados Unidos" [I].
La abogada Elizabeth Show afirmó que normalmente una persona en trámite de asilo puede esperar la respuesta en libertad, y que la única razón para detenerla es incurrir en conducta criminal, lo cual no parece aplicar a Coral. Confirmó que presentar una queja en el FBI "absolutamente no" es causa de arresto en ninguna ley federal o estatal [I]. Beto Coral no le leyeron sus derechos al momento del arresto y fue trasladado de un circuito judicial más favorable a inmigrantes (Arizona, dependiente de California) a uno de los más severos (Louisiana) [HV].
Este caso configura, en opinión de la misión, un hecho de injerencia estatal directa en el proceso electoral colombiano: la detención de un ciudadano colombiano por autoridades estadounidenses, ordenada por el Secretario de Estado, con el evidente propósito de inhibir la crítica política contra un candidato presidencial en la víspera de una elección.
La injerencia no fue unánime dentro de la política estadounidense. Veinte congresistas demócratas de Estados Unidos condenaron el respaldo de Trump a De la Espriella como "un insulto a su soberanía e integridad", incluyendo a Gregory Meeks y Joaquín Castro. Europarlamentarios también denunciaron la interferencia [I]. Once congresistas demócratas (encabezados por Jesús G. "Chuy" García y Greg Casar) y 12 organizaciones civiles (CEPR, WOLA, Oxfam América, Amazon Watch, MADRE) firmaron cartas al Departamento de Estado exigiendo investigar vínculos de De la Espriella con paramilitarismo, lavado de activos y Alex Saab [HV].
Los congresistas demócratas Jesús "Chuy" García, Alexandria Ocasio-Cortez y Greg Casar presentaron tres enmiendas a la NDAA 2027 para condicionar asistencia militar a Colombia, evitar que beneficie redes paramilitares y exigir informe sobre violaciones de derechos humanos incluyendo falsos positivos [HV]. Treinta congresistas demócratas enviaron una carta a Trump condenando su injerencia en Colombia [HV].
Se documentaron múltiples formas de injerencia institucional: la investigación del Departamento de Justicia (DOJ) contra Petro basándose en testimonios de narcotraficantes, revelada por The New York Times y AP, que se interpreta como un "libreto" del narcotráfico para desestabilizar al gobierno [HV]. El DOJ citó a declarar a Álvaro Uribe y a De la Espriella (aunque luego se desdijo sobre este último) en investigaciones relacionadas con narcotráfico [HV]. El programa afirmó que la investigación del DOJ contra Petro utilizaba el "mismo libreto" que el usado contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, sugiriendo que este método es una herramienta de presión política [HV].
Asimismo, se documentó que el exfiscal Néstor Humberto Martínez (Colombia) y el exfiscal William Barr (EE.UU.) habrían coordinado acciones judiciales contra Petro, y que la exfiscal Margarita Cabello habría filtrado información a la embajada de Estados Unidos [HV]. La exfiscal general Cabello habría tenido reuniones con funcionarios de Estados Unidos para coordinar acciones contra Petro [HV].
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció medidas de aranceles contra Colombia y otras políticas que fueron interpretadas como injerencia en la campaña electoral colombiana, afectando la soberanía del proceso [I]. Esta acción se inscribe en el patrón de gobiernos de derecha de la región coordinando presiones contra el proceso electoral colombiano.
La injerencia extranjera tuvo efectos palpables sobre la libertad del electorado, particularmente sobre los votantes colombianos en el exterior.
Efecto disuasorio directo. La detención de Beto Coral, activista y periodista crítico, envió una señal inequívoca a la diáspora colombiana en Estados Unidos: la crítica política podía acarrear la deportación o la detención. En un contexto donde miles de colombianos en Estados Unidos tienen estatus migratorio precario, esta señal operó como un factor de coerción indirecta sobre la libertad de expresión y, por extensión, sobre la libertad de voto.
Efecto sobre el escrutinio en el exterior. El voto en el exterior —614.110 sufragios en la segunda vuelta— adquirió una relevancia estratégica sin precedentes. La diferencia de 177.843 votos a favor de De la Espriella sobre Iván Cepeda en el exterior representó aproximadamente el 64% de la diferencia total a nivel nacional [HV]. Sin embargo, el análisis estadístico del voto en el exterior reveló anomalías que ameritan investigación:
Efecto sobre la percepción de legitimidad. La proclamación anticipada de resultados por parte de Trump, Rubio y Milei antes de que el escrutinio estuviera completo —mientras medios como RCN, Caracol y Semana titulaban que De la Espriella había ganado sin esperar los resultados oficiales de la Registraduría— generó un ambiente de irreversibilidad que desincentivó la impugnación y la movilización posterior [HV].
En conjunto, la injerencia extranjera en las elecciones colombianas de 2026 no se limitó a declaraciones de apoyo. Configuró un sistema de presiones múltiples: diplomática (llamadas de Rubio, anuncios de Trump), judicial (investigación del DOJ contra Petro, colusión entre fiscales), institucional (observadores internacionales parcializados, cédulas no entregadas), coercitiva (detención de Beto Coral) y tecnológica (campanas de desinformación con IA y bots). Este sistema operó de manera convergente para restringir el libre ejercicio del voto, especialmente en la diáspora colombiana en Estados Unidos, y para crear las condiciones en que cifras que no se sostienen estadísticamente pudieran presentarse como resultado de un proceso democrático normal.
Este bloque fue elaborado conforme a los estándares de rigor académico, probidad metodológica e imparcialidad analítica exigidos a las misiones de observación electoral internacional. Las interpretaciones contenidas son responsabilidad exclusiva de los relatores designados y no comprometen, sin perjuicio de su consideración, a las instituciones que acreditaron la misión.
Durante el ciclo electoral 2025-2026, Colombia fue escenario de una operación de manipulación cognitiva de alcance sin precedentes en la historia democrática reciente del país. El denominado Proyecto Júpiter, dirigido por el excanciller uribista Jaime Bermúdez, recaudó más de 7.000 millones de pesos entre empresarios colombianos para diseñar una estrategia sistemática de "miedo, indignación e incertidumbre" [HV]. Según audios filtrados y documentados por medios de investigación, la operación generó más de 1.700 piezas de contenido desde mayo de 2025, alcanzando a más de 17 millones de colombianos en 32 departamentos, mediante segmentación psicográfica por "segmentos prioritarios" [HV]. Bermúdez admitió en audio privado que "Júpiter no existe" como operación visible, lo que confirma su naturaleza opaca [HV].
La investigación de Hyperconectado.co documentó que la página de Facebook Está en Nuestras Manos publicó aproximadamente 260 anuncios, 89 de ellos de carácter político sin el descargo de responsabilidad exigido por la normativa [HV]. Entre estos contenidos se identificaron videos con personajes generados por inteligencia artificial (una panadera, un tendero, un campesino) simulando testimonios ciudadanos espontáneos [HV]. Esta técnica —el deepfake emocional aplicado a personajes anónimos— representa una evolución cualitativa respecto a la propaganda tradicional: no se limita a difundir una versión sesgada de los hechos, sino que fabrica sujetos testimoniales inexistentes para legitimar narrativas construidas ex profeso [I].
Paralelamente, se documentó la operación de la denominada "célula digital" vinculada al Hondurasgate: audios del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández —indultado por el gobierno de Donald Trump— revelaron planes para montar una estructura de desinformación desde Estados Unidos, con presuntos fondos de 350.000 dólares provenientes del gobierno argentino de Javier Milei y 300.000 dólares de fondos públicos hondureños, orientados a desestabilizar gobiernos de Colombia, México y Honduras [HV].
El eMonitor de la Misión de Observación registró operaciones coordinadas de trolls y cuentas falsas que difundieron desinformación sistemática contra la oposición y a favor de candidatos de derecha, con trazabilidad de patrones de comportamiento bot [I]. Se documentó el uso masivo de cuentas creadas en 2022 pero activadas en abril de 2026 para apoyar a Abelardo de la Espriella, con origen en Ruanda, Turquía, Rusia, India, Indonesia y El Salvador [HV].
La plataforma de apuestas Polyarket —en la que Donald Trump Jr. ostenta participación accionaria— publicó que De la Espriella contaba con un 74 % de probabilidad de triunfar, lo que habría movilizado el denominado "voto útil" a su favor [I]. Esta intersección entre mercados predictivos, desinformación algorítmica y financiamiento opaco configura una forma de guerra cognitiva que trasciende la propaganda tradicional: no persuade mediante argumentos, sino que altera las condiciones de percepción de la realidad para hacer irreversible una opción política antes de que se materialice la deliberación ciudadana [I].
La campaña documentó múltiples casos de contenido generado por IA con fines desprestigiantes. Se detectó un video falso donde se alteró la imagen del futbolista Lucho Díaz para que hiciera el símbolo de campaña de De la Espriella [I]; imágenes manipuladas de músicos colombianos (Camilo, Carlos Vives, Juanes, Fonseca) con el lema "Firmes por la Patria", robadas de una publicación original de Juanes [I]; y un video generado con IA que mostraba a Iván Cepeda siendo detenido por narcotráfico, con la figura de un tigre —símbolo identificado con la campaña de De la Espriella— como marca visual [HV].
Un caso particularmente revelador fue el de un comunicado falso atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que supuestamente apoyaba a Iván Cepeda. El contenido fue desmentido por un ornitólogo que identificó en el audio de fondo el canto de una perdiz del bosque seco tumbesino, especie que solo existe en Ecuador, demostrando que el video fue grabado fuera de Colombia [HV]. Este episodio ilustra no solo la sofisticación técnica de las operaciones de desinformación, sino también su fragilidad ante el escrutinio especializado, lo que a su vez evidencia la urgencia de contar con protocolos de verificación en tiempo real durante procesos electorales [I].
El Proyecto Júpiter operó en una delicada zona gris de la legalidad, aprovechando los vacíos y la ambigüedad del marco normativo colombiano en materia electoral y de uso de tecnologías digitales [HV]. Aunque el alcance de sus acciones fue masivo y su impacto en la percepción pública innegable, la mayoría de sus operaciones se mantuvieron formalmente dentro de los límites de lo permitido o, al menos, no fueron explícitamente prohibidas por la legislación vigente [HV].
La segmentación psicográfica, por ejemplo, aunque éticamente cuestionable por su potencial manipulativo, es una práctica común en el marketing comercial y no está explícitamente regulada para campañas políticas en Colombia [HV]. Del mismo modo, la realización de talleres empresariales para recaudar fondos y alinear narrativas no constituye una infracción per se, siempre y cuando los aportes se declaren y cumplan con los topes de financiación [HV].
Sin embargo, la publicidad política sin el descargo de responsabilidad exigido sí constituye una violación directa de las normas de Meta sobre transparencia en la publicidad política [HV]. Según la Biblioteca de Anuncios de Meta, la página vinculada a esta operación publicó 89 anuncios políticos sin el descargo de responsabilidad requerido, todos con la advertencia sistemática de la plataforma: "Este anuncio se puso en circulación sin el descargo de responsabilidad requerido" [HV]. Además, Hyperconectado documentó una segunda capa de aproximadamente 260 anuncios activos que Meta clasificó como "ordinarios", sin supervisión política, que continuaron circulando libremente a semanas de las elecciones [HV].
Entre esos anuncios, se identificaron personajes generados con inteligencia artificial que simulaban ser ciudadanos colombianos expresando frustración y desesperanza, con el objetivo de generar emociones específicas en el electorado [HV]. Ninguno de esos personajes existe: fueron creados con inteligencia artificial, documentando una sofisticación técnica que va más allá de la simple publicidad política [HV].
La falta de una acción sistemática por parte de la plataforma o de las autoridades para detener estas publicaciones evidencia una falencia en la aplicación de las regulaciones existentes y la capacidad de las plataformas para hacer cumplir sus propias políticas [I]. Esta opacidad normativa, donde la innovación tecnológica supera la capacidad regulatoria del Estado y la voluntad de las plataformas, es uno de los vacíos más graves del marco regulatorio colombiano [I]. La convergencia entre la inteligencia artificial, el microtargeting empresarial y las campañas políticas encubiertas crea un entorno donde la manipulación cognitiva puede operar con impunidad, erosionando las bases de la democracia y la libre formación de la voluntad popular [I].
El proceso electoral de 2026 se desarrolló en un entorno mediático profundamente asimétrico. El informe de la Misión de Observación del Grupo de Acción Electoral (GAE) señaló preocupaciones sobre la concentración de la propiedad de medios de comunicación en Colombia y su efecto sobre la pluralidad de voces [I]. El sistema de medios públicos fue objeto de críticas por falta de independencia y por usarse para posicionar narrativas favorables a ciertos candidatos, limitando el derecho a la información ciudadana [I].
El diario Semana —vinculado a la familia Hilinski y a la Atlas Network— fue identificado como replicador de fake news días antes de las elecciones, generando desinformación sobre supuesta financiación del ELN a candidatos de izquierda [I]. La directora de Semana, Vicky Dávila, calificó al activista y creador de contenido Beto Coral como "sicario moral" tras su detención por ICE en Estados Unidos, lo que fue interpretado por múltiples observadores como estigmatización de un periodista crítico [I].
Más de 150 periodistas firmaron una carta abierta denunciando acoso judicial, digital y personal contra quienes investigaban a De la Espriella [HV]. Los casos emblemáticos mencionados incluyen a Cecilia Orozco Tascón, Daniel Coronell y la revista Cambio. Coronell fue objeto de intimidación cuando una cuenta asociada a la campaña de De la Espriella reveló los detalles de su vuelo de Miami a Bogotá, reeditando tácticas de seguimiento atribuidas históricamente a la policía secreta DAS del uribismo [HV].
El abogado Germán Calderón España, figura identificada con el entorno de De la Espriella, lideró acciones legales contra periodistas y medios —incluyendo Cambio y Revista RAYA— que cuestionaron la financiación de la campaña y el pasado laboral del candidato [I]. El analista Daniel Coronell advirtió que se instalaba un discurso que dificultaría opinar en medios, generando un escenario peligroso para el periodismo, donde "opinar será un problema instalado desde el discurso de los ganadores" [I]. Coronell enfatizó que los ciudadanos no pueden consumir propaganda como si fuera información, y que es necesario reforzar el periodismo investigativo como contrapoder [I].
Javier Negre, vinculado al medio Derecha Diario de España, viajó a Colombia para "apoyar" a De la Espriella, en lo que fue interpretado como intervención de medios extranjeros en la campaña electoral colombiana [I]. Se documentó que Negre ofreció a una activista colombiana (Camila Rojas) convertirla en "presidenta de Colombia" a cambio de no criticar a Israel, lo que fue calificado como operación de influencia extranjera coordinada [I]. Derecha Diario y Reacción Nacional fueron identificados como parte de una red de desinformación que opera en múltiples países latinoamericanos [I].
Uno de los elementos más perturbadores del ciclo electoral fue la normalización del discurso de violencia política desde la propia campaña de De la Espriella. El candidato declaró en múltiples ocasiones: "Vamos a destripar a la izquierda", "hay que extirpar este cáncer", "conmigo no va a haber nada distinto a enfrentarles determinadamente para acabar con ese cáncer" [HV]. El senador Gustavo Bolívar advirtió que este lenguaje violento podría "incendiar el país" y provocar que la ciudadanía se arme [I]. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló: "Persecución, cárcel y muerte a cualquier ciudadano crítico u opositor democrático es lo que nos espera" [I].
Álvaro Medina Villarreal, coordinador de campaña de De la Espriella en el Huila, fue grabado en audios amenazando con "dar de baja" a 18.000 personas, incluyendo al presidente Petro e Iván Cepeda, y prometiendo "destripar", "sacar los ojos" y "bombardear" opositores [HV]. La revista RAYA confirmó que los audios corresponden a su voz y fueron enviados desde su teléfono personal [HV]. En Sabana de Torres (Santander), Guillermo Urzola —identificado como promotor de De la Espriella— fue señalado por agredir a personas que realizaban pedagogía electoral del Pacto Histórico, y publicó mensajes amenazantes junto con una fotografía en la que aparece con prendas militares y lo que parece ser un fusil de asalto [HV].
La congresista electa del Pacto Histórico Luz Verónica Estrada fue víctima de un atentado con arma de fuego el 19 de junio de 2026 en Urrao (Antioquia), cuando su camioneta fue impactada por disparos [HV]. Este atentado se inscribe en un patrón más amplio de violencia política que el Grupo de Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo había advertido: 386 municipios en riesgo de violencia política para las elecciones de 2026, con 3.134 eventos de violencia relacionados con el proceso electoral entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 [I]. El informe de la Defensoría documentó asesinatos de dos periodistas electorales y múltiples amenazas contra candidatos y líderes políticos de oposición durante el primer semestre de 2026 [I].
El caso de Beto Coral —ciudadano colombiano residente legal en Estados Unidos, creador de contenido crítico y hijo del capitán de policía Humberto Coral, quien detuvo a Pablo Escobar— ilustra la dimensión transnacional de la persecución política. Coral fue detenido por agentes de HSI (Homeland Security Investigations) el 19 de junio de 2026 en Florida, en presencia de su hijo menor de edad, mientras paseaban al perro [HV].
Según testimonio de Coral, no le leyeron sus derechos en el momento del arresto, fue trasladado de un circuito judicial favorable a inmigrantes (Arizona) a uno de los más severos (Louisiana), y permaneció en celda de aislamiento sin explicaciones [HV][T]. La abogada Elizabeth Show confirmó que presentar una queja en el FBI "absolutamente no" es causa de arresto bajo ninguna ley federal o estatal, y que la única razón para detener a una persona en trámite de asilo es la comisión de un delito, lo cual no parece aplicar en este caso [I].
Horas antes de la detención, Abelardo de la Espriella publicó en redes sociales: "Habrá buenas noticias para Colombia y para los colombianos patriotas en el exterior. Dura settles coming" [I]. Según información atribuida al New York Times, existiría un memorando del Secretario de Estado Marco Rubio recomendando la detención de Coral, argumentando que "no se puede permitir que inmigrantes irregulares usen las plataformas americanas para oponerse a socavar la política exterior de Estados Unidos" [I]. El senador republicano Bernie Moreno —quien actuó como observador internacional en las elecciones colombianas— justificó públicamente la detención [I].
El artículo "La arquitectura del miedo en la Colombia de 2026" documentó hostigamiento sistemático a campesinos beneficiarios de la reforma agraria del gobierno Petro, con amenazas para forzar el abandono de tierras en predios como la finca La Primavera (Meta) y la Hacienda La Palmira (Córdoba) [I]. Esta violencia de baja intensidad pero alta frecuencia —la "arquitectura del miedo"— opera como mecanismo de control territorial paralelo al discurso electoral, creando condiciones de votación bajo coerción en zonas rurales clave [I].
En el sur del Cesar (Río de Oro, Aguachica), regiones con historia de violencia paramilitar, se registró celebración del triunfo de De la Espriella por parte de grupos armados, lo que fue documentado como una forma de violencia política simbólica que condiciona el ejercicio de la ciudadanía [I].
Una de las reservas más graves que la Misión debe formular respecto a la integridad del proceso es la vinculación histórica de Abelardo de la Espriella con estructuras paramilitares. Pablo Hernán Sierra, alias "Pipintá", exjefe paramilitar y testigo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, envió carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Comisión de Acusaciones del Congreso señalando a De la Espriella como presunto contacto de un plan de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para sobornar magistrados de la Corte Constitucional en 2006 con 10.000 millones de pesos, buscando incluir el delito de sedición en la Ley de Justicia y Paz [HV].
De la Espriella fue procesado por concierto para delinquir y presunto enriquecimiento ilícito por millonarios pagos recibidos de personas vinculadas a las AUC; todos los casos terminaron archivados o con preclusiones a su favor en la Fiscalía [HV]. Congresistas demócratas de Estados Unidos señalaron su relación con la organización "paramilitar narcotraficante conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)", designada como organización terrorista extranjera por el gobierno estadounidense desde 2001 [I].
Carlos Alonso Lucio, designado como jefe del empalme de De la Espriella, fue condenado en 2000 por la Corte Suprema de Justicia por falsa denuncia en un caso ligado a créditos de campaña; también fue asesor en diálogos de paz con las AUC y señalado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (CIJT) como asesor de la mesa de Ralito [HV]. El propio De la Espriella fue abogado defensor de paramilitares en San José de Ralito y ha declarado en video: "Si yo hubiese sido paraco, yo hubiese empuñado un fusil y me hubiese puesto uniforme porque yo tengo las pelotas para hacer lo que hay que hacer. Yo habría sido un paraco de verdad" [I].
El senador Iván Cepeda presentó denuncia formal ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional contra De la Espriella y miembros de la Fundación Iberoamericana para la Paz y la Democracia (FIPAZ) por acciones paramilitaristas, basándose en el testimonio de Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde se vincula a FIPAZ con estructuras paramilitares y narcotraficantes, especialmente con el Bloque Bananero de las AUC [I].
El programa de gobierno de De la Espriella propone reducir el presupuesto de la JEP en un 90 % y su extinción en 2030 [I]. Esta medida cerraría procesos sobre falsos positivos —con 6.402 a 7.837 víctimas documentadas— y afectaría la comparecencia de aproximadamente 2.000 integrantes de la Fuerza Pública [I]. La eliminación de la JEP no es una propuesta administrativa menor: es, en su efecto concreto, una política de borramiento de la memoria histórica y de impunidad para los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto armado [I].
Que una de las candidaturas en disputa enfrente denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional por presuntos vínculos con el paramilitarismo no es un dato marginal. Es una condicionante estructural de la contienda que plantea interrogantes de fondo sobre las garantías democráticas: ¿puede considerarse que el proceso reflejó la libre expresión de la voluntad popular cuando una de las opciones en disputa contaba con el respaldo de fuerzas armadas ilegales, el apoyo explícito de potencias extranjeras y una plataforma programática orientada a cerrar los mecanismos de justicia transicional? [I]
La respuesta a esta pregunta no puede ser afirmativa sin salvedades. La Misión constata que las denuncias contra De la Espriella no fueron resueltas antes de la elección; que la Fiscalía archivó los procesos previos; y que la Corte Constitucional no se pronunció sobre la inhabilidad derivada de su ciudadanía estadounidense antes de la jornada electoral [HV]. Esta acumulación de silencios institucionales —que operaron como omisiones favorables al candidato de derecha— configura un déficit de garantías que afecta la legitimidad del resultado y que, en consecuencia, amerita investigación por parte de los organismos competentes [I].
BLOQUE III
Condicionantes nacionales del libre ejercicio del voto Compra de votos, respuestas institucionales, garantías a la observación y problemas estructurales del sistema electoral Nota metodológica sobre el etiquetado probatorio:[HV] = Hecho Verificado[T] = Testimonio[I] = Información reportada Es importante destacar que el presente informe distingue entre los hechos establecidos, que se basan en evidencia verificada o testimonios directos, y las interpretaciones analíticas, que son conclusiones derivadas del análisis de la información recolectada. Cada tipo de información está claramente identificado mediante el etiquetado probatorio correspondiente.
La Misión documentó una sistematización sin precedentes del constreñimiento laboral como mecanismo de coacción electoral. El Ministerio del Trabajo de Colombia registró 59 empresas en 16 departamentos señaladas por presionar a sus empleados para votar por Abelardo de la Espriella [HV]. Las tácticas identificadas incluyeron: propaganda política en instalaciones laborales, despidos injustificados de trabajadores identificados con posiciones distintas, ofrecimiento de bonificaciones condicionadas al voto, y exigencia de prueba fotográfica del tarjetón marcado desde el interior del cubículo [HV].
Un caso de particular gravedad fue el de la multinacional Glencore (Carbones del Cerrejón), donde sindicatos (Sintracarbón, Sintracerrejón, F23) denunciaron ante el Ministerio del Trabajo la difusión de propaganda política a favor de De la Espriella en el interior de las instalaciones, incluyendo mensajes como "no patees la lonchera" y "estamos con el tigre" [HV]. La autoridad laboral impuso una medida de protección preventiva el 28 de mayo de 2026 [HV].
En la Alcaldía de Barranquilla, funcionarios públicos denunciaron que estaban obligados a registrar datos personales, cargo y mesa de votación en planillas numeradas, y a conseguir entre 20 y 100 votos adicionales entre familiares y amigos, con auditorías posteriores para verificar el cumplimiento de la cuota [HV] [T]. Esta práctica vincula la estructura de compra de votos con la maquinaria política del Atlántico, donde la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al senador Arturo Char por indicios de participar en una red de compra de votos en elecciones parlamentarias de 2018 [HV].
Existen las denuncias documentadas sobre la activación de clanes políticos regionales como instrumentos de movilización coactiva. En el departamento del Cesar, una denuncia radicada ante la Fiscalía el 10 de junio alertó sobre una presunta estructura de compra de votos vinculada al clan Gnecco, utilizando "mochileros" (intermediarios que consiguen 50-100 votos por jornada), puntos logísticos en bodegas del Parque Industrial de Valledupar, y la Fundación Cielo Siempre Abierto como centro de coordinación [HV] [I].
El candidato Iván Cepeda señaló en múltiples intervenciones públicas que la compra de votos no era un fenómeno exclusivo de la Costa Caribe, sino que se extendía al Pacífico colombiano, Nariño y otras regiones [I].
La campaña de De la Espriella también fue denunciada por el uso de una presunta empresa fantasma para financiar transporte y logística. Revista Cambio reveló que la campaña pagó millones de pesos a una firma que llevaba 5 años liquidada y fue "resucitada" misteriosamente 3 meses antes de las elecciones, figurando a nombre de un estudiante universitario con SISBEN [I]. Otra denuncia señala un pago de 1.200 millones de pesos a una empresa liquidada hace 15 años y reactivada 3 meses antes del proceso [I].
La Misión documentó la generalización de un mecanismo de verificación del voto comprado que vulnera el principio constitucional del secreto del sufragio. En la primera vuelta (31 de mayo de 2026), se identificaron fotografías en las que votantes fotografiaban el tarjetón marcado dentro del puesto de votación, escribiendo su nombre visible, y compartían la imagen por WhatsApp como prueba de cumplimiento [HV]. Esta práctica se desarrolló pese a que el Decreto 0211 de marzo de 2026 prohíbe expresamente el uso de celulares en los puestos de votación [HV].
El Ministerio de Defensa, a través del Puesto de Mando Unificado Electoral, desplegó 408.000 uniformados para la segunda vuelta e incautó 3.878 millones de pesos presuntamente destinados a la compra de votos [I]. A través de la línea 157 se recibieron más de 700 denuncias ciudadanas [I].
La Misión registró declaraciones públicas del candidato Abelardo de la Espriella que configuraron actos de coerción electoral. En un video, De la Espriella amenazó a "politiqueros corruptos" diciendo que "el gobierno de Estados Unidos está vigilando" y que les quitarían la visa si no apoyaban su campaña [I]. Esta declaración, emitida en contexto de campaña, constituye una forma de constreñimiento al utilizar la amenaza de sanciones migratorias como mecanismo de presión sobre actores políticos locales.
[Interpretación de la Misión]: La convergencia de constreñimiento laboral, operación de maquinarias regionales, financiamiento opaco y coerción pública constituye un entorno de presión sistemática sobre el electorado. Según el segundo informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), la compra de votos fue la principal irregularidad denunciada por ciudadanos en segunda vuelta, con el 32,4% de los reportes ciudadanos relacionados con esta modalidad [I].
El Informe de la Misión de Observación del GAE señaló igualmente el uso de recursos públicos y programas sociales para fines electorales, así como la presencia de clanes políticos que controlan territorios mediante clientelismo y compra de votos [I].
Adicionalmente, esta Misión recibió documentación de la línea VIGIA del Pacto Histórico que sistematiza 118 casos ciudadanos de compra de votos, traslado de votantes y coerción al electorado, reportados entre el 18 de mayo y el 21 de junio de 2026. Las modalidades documentadas incluyen ofrecimiento de dinero en efectivo (desde $50.000 hasta $500.000 por voto), transporte masivo de votantes desde zonas rurales, presión laboral sobre empleados públicos, y entrega de mercados y bonos alimentarios a campesinos e indígenas. El 78,8 % de los casos corresponde a compra de votos directa; el 66,1 % de las denuncias afectó a la población en general, con poblaciones específicas como jurados de votación (8,5 %), empleados y contratistas públicos (5,1 %), y adultos mayores (2,5 %). Solo 19 de 118 casos incluyen anexos de respaldo audiovisual, y 100 carecen de radicado formal ante autoridades judiciales o electorales [HV] [T]. (Ver Anexo A.2).
La Misión sostuvo reuniones formales con el CNE en junio de 2026 para solicitar garantías electorales y transparentar el proceso. Las respuestas institucionales fueron insuficientes frente a la magnitud de los riesgos denunciados.
El CNE acreditó finalmente 159 observadores internacionales del Pacto Histórico para la segunda vuelta, remitiendo las credenciales vía correo electrónico el 13 de junio de 2026 [HV]. Sin embargo, esta acreditación llegó con escaso margen temporal respecto a la jornada electoral.
En la reunión del 9 de junio, el representante del CNE, Gustavo Raad, afirmó que la entidad no contaba con presupuesto para ayuda económica (hotel, alimentación) a observadores en la primera y segunda vuelta [T]. Además, se confirmó que el CNE dependía de la Registraduría para gestionar cupos de instalación en la Plaza de Bolívar, logrando únicamente 5 cupos para instalación y 5 para cena de bienvenida, lejos de los aproximadamente 150 solicitados [T].
El Pacto Histórico envió un correo formal el 9 de junio solicitando que el escrutinio no iniciara hasta que todos los formularios E-14 estuvieran cargados en la plataforma pública y se entregaran archivos planos [HV]. El CNE acogió la solicitud y se comprometió a trasladarla a la Registraduría [HV] [T]. Sin embargo, no hay confirmación de que la Registraduría hubiera acogido dicha solicitud [T].
El CNE tampoco había entregado al 12 de junio el informe consolidado de primera vuelta ni el informe de auditoría del software electoral, pese a haber sido solicitados en la reunión del 9 de junio [I].
[Interpretación de la Misión]: La gestión del CNE reveló una asimetría en la respuesta a las solicitudes de la Misión. Mientras se procesó la acreditación de observadores internacionales del Pacto Histórico, el senador republicano estadounidense Bernie Moreno —activo promotor de De la Espriella— fue destacado en la página web del CNE como observador internacional, mientras que observadores del PH no aparecían en la misma plataforma [T]. El equipo del PH cuestionó esta situación en reunión del 9 de junio, y el CNE se comprometió a revisarlo [T].
La Misión recibió denuncias formales sobre la operación del software de escrutinio administrado por la empresa privada de los hermanos Bautista. El presidente Gustavo Petro denunció públicamente que el software de preconteo había sido alterado, señalando la eliminación del "candado HASH" y la "estampilla de tiempo", algoritmos de seguridad estándar que garantizan la inmutabilidad de los datos después de su registro [I] [HV]. Según estas denuncias, la eliminación de dichos mecanismos habría permitido modificar formularios E-14 después de su carga en la plataforma [I].
El informe de auditoría de Jahv McGregor sobre el software de totalización señaló que el código fuente es de gestión privada y cerrada, lo que impide la verificación ciudadana independiente [I].
Petro también denunció que aparecieron 15.000 personas en las actas que no coincidían con el censo oficial [I], y que muchos formularios E-14 fueron cambiados después de subirlos, alterando tanto totales de votación como distribución de sufragios entre candidatos, especialmente en el voto en el exterior [I].
La nueva ley de encuestas fue repetidamente incumplida durante la elección, y el CNE no tomó acciones sancionatorias, según documentó el periodista Daniel Coronell [I].
El Informe de la Defensoría del Pueblo señaló que la respuesta institucional ante la violencia política fue insuficiente, con demoras en la investigación de casos y falta de medidas de protección efectivas para candidatos y líderes amenazados [I].
La Fiscalía General de la Nación fue cuestionada por la lentitud en la investigación de denuncias de violencia política y financiación ilegal de campañas, especialmente en casos de alto perfil [I].
En materia de voto en el exterior, la Cancillería no garantizó condiciones adecuadas para la participación de la colombianidad en el exterior. El Pacto Histórico denunció irregularidades sistemáticas, incluyendo el uso de mesas de testimonio (mesas cero) en consulados de Miami, Houston, New Jersey, Valencia (España) y Panamá, donde testigos denunciaron que no se les permitió firmar los E-14 [I]. El informe de la 15ª Comisión de la Asamblea de la CIPDH por la Paz documentó que la Cancillería limitó la presencia de testigos en mesas de votación en el exterior [I].
Además, se documentó que miles de cédulas de ciudadanos colombianos en el exterior no llegaron a tiempo para las elecciones de primera vuelta, afectando principalmente a votantes en zonas donde el progresismo tenía mayor arraigo. La Registraduría admitió el problema pero lo atribuyó a demoras logísticas [HV].
[Interpretación de la Misión]: El conjunto de respuestas institucionales revela una debilidad sistémica en la articulación entre autoridades electorales, de control y de investigación penal. La falta de auditoría técnica oportuna del software, la no entrega de informes de primera vuelta, la insuficiencia de medidas de protección ante la violencia política y la desatención logística del voto en el exterior constituyen omisiones que comprometieron el nivel de garantías exigible en un proceso de esta envergadura.
Las y los observadores internacionales de esta Misión enfrentaron condiciones materiales insuficientes para el ejercicio efectivo de su labor. El CNE no incluyó a los observadores del PH en las rutas oficiales de observación, indicándoles que podían acudir a puestos de votación por su cuenta pero sin transporte ni refrigerio [T].
Durante la capacitación del CNE del 16 de junio, un observador reportó que en la primera vuelta la Procuraduría lo registró en formatos de testigos electorales y en bitácoras de incidencias, confundiendo su figura con la de testigo, e incluso le hicieron firmar documentos [T]. Esta confusión institucional entre observador y testigo electoral revela una falta de protocolos claros para la identificación y registro de las misiones internacionales.
La Misión documentó restricciones al acceso a escrutinios que vulneran el carácter público de estas audiencias. En Barranquilla, la Registraduría respaldada por la policía prohibió el ingreso de testigos electorales a los escrutinios, pese a que estos son audiencias públicas abiertas a toda la ciudadanía [I]. En España se reportaron restricciones similares al ingreso de observadores y testigos [I].
El Informe de la Misión de Observación del GAE documentó que observadores electorales nacionales e internacionales enfrentaron restricciones de movilidad y acceso a las mesas de votación en ciertas zonas del país, especialmente en regiones con presencia de grupos armados [I].
Un elemento de especial preocupación para la Misión fue la acreditación como "observador internacional" del senador republicano estadounidense Bernie Moreno (Ohio), nacido en Bogotá, quien participó como observador en primera y segunda vuelta pese a ser un activo promotor de la candidatura de De la Espriella y el intermediario que lo conectó personalmente con Donald Trump el día de la jornada [HV] [T]. El equipo del PH cuestionó formalmente al CNE por qué Moreno aparecía destacado en la página web institucional mientras observadores de la oposición no figuraban [T]. Las misiones internacionales acreditadas por el CNE eran casi "exclusivamente de derecha".
Durante el ciclo electoral, la senadora María Fernanda Cabal publicó un hilo de X (Twitter) en el que identificó por nombre a 27 observadores internacionales acreditados, los etiquetó como "#ObservadoresChavistas", y pidió al Consejo Nacional Electoral que los "investiguen y expulsen" [HV]. En el hilo, Cabal caracterizó a los observadores como "agitadores", "operadores internacionales del chavismo", "fanáticos de los regímenes cubano y venezolano", y afirmó que "vinieron como observadores y se quedaron como agitadores", vinculándolos con supuestas revueltas postelectorales en Bogotá [HV].
Los observadores perfilados eran ciudadanos de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Honduras, México, Perú, Venezuela y Corea del Sur, pertenecientes a organizaciones como la COPPPAL, el Frente Francisco de Miranda, MORENA y La Francia Insumisa. Cabal publicó fotografías personales, nombres completos y afiliaciones políticas, exponiéndolos públicamente como supuestos agentes de una conspiración internacional [HV].
[Interpretación de la Misión]: El perfilamiento público de observadores internacionales por parte de una senadora de la República constituye un acto de estigmatización que afecta la seguridad personal de los observadores y la libertad de ejercicio de la observación electoral. La utilización de un hashtag peyorativo (#ObservadoresChavistas) y el llamado explícito a su expulsión generan un ambiente de hostigamiento que desincentiva la veeduría internacional y expone a los observadores a riesgos de persecución, especialmente en un contexto donde la Misión ya documentó la detención de un activista crítico (Beto Coral) por autoridades estadounidenses en la víspera de la segunda vuelta.
Este perfilamiento no puede entenderse al margen del contexto político de su autora. María Fernanda Cabal fue precandidata presidencial del uribismo, perdió la consulta interna del Centro Democrático frente a Paloma Valencia en diciembre de 2025, y en febrero de 2026 su esposo —el empresario ganadero José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán— renunció al Centro Democrático para unirse a Salvación Nacional, el partido que avaló la candidatura de Abelardo de la Espriella. En mayo de 2026, días antes de la primera vuelta, Cabal publicó una columna en Semana titulada "El tigre y la paloma" en la que, sin nombrarlo explícitamente, dejó entrever que votaría por De la Espriella, describiéndolo como "el líder fuerte y dominante que la derecha reclamaba" [HV]. La confluencia entre el perfilamiento de observadores y la vinculación familiar de Cabal con la campaña de De la Espriella sugiere que la senadora actuó como operadora política de una de las campañas en contienda, utilizando su posición institucional para deslegitimar la observación internacional que pudiera cuestionar irregularidades favorables a su candidato preferido [I]. (Ver Anexo A.3).
La Resolución 447 de 1997 establece los derechos y obligaciones de observadores internacionales, incluyendo libertad de circulación, comunicación y acceso a boletines, pero prohíbe el proselitismo, la inmiscución en asuntos políticos internos y la emisión de declaraciones por medios de comunicación [HV].
En la capacitación del CNE se confirmó que los observadores internacionales no pueden presentar reclamaciones (solo ejercen veeduría), a diferencia de los testigos electorales que sí pueden hacerlo según el artículo 122 del Código Electoral [I].
El Informe de la reunión de la Misión Internacional de Observación y Acompañamiento Electoral (1 de junio de 2026) señala que se garantizó el acceso de observadores internacionales, aunque con limitaciones en zonas de alta conflictividad [I].
[Interpretación de la Misión]: Las condiciones de observación fueron asimétricas y, en varios aspectos, insuficientes. La falta de transporte, la confusión de roles entre observadores y testigos, la acreditación de promotores activos de uno de los candidatos como "observadores internacionales" y las restricciones al acceso a escrutinios constituyen debilidades que limitaron la capacidad de vigilancia ciudadana e internacional sobre la integridad del proceso.
La Misión identifico debilidades estructurales del escrutinio colombiano que trascienden cualquier incidente puntual: no existe un protocolo unificado de escrutinio en el CNE: cada despacho de magistrado aplica la metodología que considera pertinente, generando inconsistencias y opacidad [T].
El CNE no dispone de herramienta tecnológica propia para escrutinar; cada magistrado revisa entre 22.000 y 30.000 mesas manualmente, utilizando una herramienta que data de 2018 sin actualizaciones [T]. El escrutinio se realiza en los despachos de los magistrados sin visibilidad ciudadana, lo que representa una ventana de riesgo para la transparencia [T].
El preconteo que realiza la Registraduría con el E-14 de transmisión NO tiene vinculación jurídica; el resultado vinculante es el que declara el CNE a partir del E-14 de Claveros, que se deposita sellado con los pliegos electorales [T].
Un problema estructural central es la dependencia del sistema de escrutinio respecto a un software de propiedad privada y código cerrado, operado por los hermanos Bautista. El informe de auditoría de Jahv McGregor señala que este software presenta vulnerabilidades críticas de seguridad y falta de transparencia en su código fuente, impidiendo la verificación independiente [I].
Petro denunció que el software de preconteo fue declarado vulnerable por una sentencia del Consejo de Estado, que fue desacatada [I]. La denuncia incluye la alteración de direcciones IP de los servidores de la Registraduría, lo que sugiere acceso no autorizado o manipulación remota [I].
El escrutinio de votos del exterior es especialmente vulnerable porque la autoridad electoral colombiana no tiene control institucional real sobre embajadas y consulados. Las delegadas registradoras son nombradas sin facultad decisoria ni capacitación sistemática [T].
El análisis de resultados electorales en el exterior identificó anomalías estadísticas significativas: en Estados Unidos, el número de votantes registrados creció 5,66 veces en 60 días; en Venezuela, 9,39 veces [I]. Se detectaron inconsistencias en los números de votación y en la transmisión de resultados [I].
El análisis electoral del exterior documentó:
El comunicado de la MOE sobre "mesas cero" señala que la existencia de mesas de votación sin votantes registrados pero con votos computados es un riesgo grave para la democracia y la transparencia del sistema electoral [I].
El Informe de la Defensoría del Pueblo calificó el sistema de voto en el exterior como estructuralmente deficiente, con problemas de logística, infraestructura y personal, lo que genera exclusiones de ciudadanos colombianos residentes en el extranjero [I].
Las dos entidades electorales (CNE y Registraduría) no se articulan efectivamente, lo cual es evidente en esta jornada electoral.
En la primera vuelta, en Estados Unidos aparecieron 122.000 votos de más entre legislativas y primera vuelta presidencial, sin que el Pacto Histórico presentara reclamación formal. El consulado correspondiente fue asignado a una magistrada de derecha extrema.
El análisis del denominado Proyecto Júpiter expone que el régimen electoral colombiano está diseñado para fiscalizar campañas formalmente constituidas, pero no logra rastrear estructuras paralelas de intervención política que operan mediante talleres empresariales, contenidos digitales, pauta en redes e influencia indirecta [I]. La financiación privada de producción de opinión puede operar como campaña sin asumir formalmente esa condición ante el CNE, aprovechando vacíos regulatorios en la Ley 130 de 1994 y la Ley 1475 de 2011 [I].
El uso de plataformas digitales y microtargeting para influir en elecciones escapa a los controles del CNE. La página "Está en Nuestras Manos" operó durante casi un año con anuncios políticos sin descargo de responsabilidad, y Meta no actuó hasta abril-mayo de 2026 [I].
[Interpretación de la Misión]: Los problemas estructurales identificados trascienden el incidente puntual y configuran un sistema electoral con vulnerabilidades endémicas que lo hacen susceptible de manipulación. A la luz de la evidencia reunida, la Misión considera que las siguientes reformas son indispensables:
Adicionalmente, la Misión recibió de la línea VIGIA del Pacto Histórico una sistematización de 44 denuncias ciudadanas sobre irregularidades en el censo electoral, que documentan: 25 casos de personas fallecidas que aparecen como votantes activos en el sistema de la Registraduría (algunos fallecidos hace más de 50 años); 6 casos de ciudadanos con cédula vigente que no fueron incluidos en el censo electoral; 5 casos de suplantación de identidad (voto en nombre de personas ausentes o fallecidas); y 4 casos de irregularidades en testigos, jurados y formularios E-14. Treinta y dos de las 44 denuncias incluyen pruebas documentales (capturas de pantalla, certificados de defunción, registros de radicado) [HV] [T]. (Ver Anexo A.1).
[Interpretación de la Misión]: El conjunto de evidencias presentadas en este Bloque III configura un escenario de condicionantes nacionales profundos sobre el libre ejercicio del voto en Colombia 2026. La compra y el constreñimiento del voto fueron prácticas extendidas que involucraron a estructuras empresariales, maquinarias políticas regionales y mecanismos de verificación tecnológica que vulneraron el secreto del sufragio. Las respuestas institucionales del CNE, la Registraduría, la Fiscalía, la Procuraduría y la Cancillería fueron, en conjunto, insuficientes para garantizar la transparencia y la integridad del proceso. Las condiciones de observación fueron asimétricas y limitadas. Los problemas estructurales del sistema electoral —escrutinio manual sin protocolo unificado, dependencia de software privado opaco, vulnerabilidad crítica del voto en el exterior y desarticulación institucional— son debilidades que trascienden esta elección y que, de no ser abordadas, comprometerán la legitimidad de los procesos democráticos futuros.
Las cifras reportadas en el exterior —particularmente en Estados Unidos— no se sostienen estadísticamente bajo parámetros de distribución normal del voto en democracias con competencia real. La diferencia de 177.843 votos en el exterior y las 124 mesas 100% homogéneas son patrones que ameritan investigación exhaustiva y no pueden ser explicados por movilización natural del electorado ni por cambios demográficos en un período de semanas.
La Misión subraya que el llamado no es a la anulación de resultados, sino al escrutinio riguroso, la auditoría forense y la reforma estructural del sistema electoral colombiano. La democracia, particularmente en una elección decidida por márgenes históricamente estrechos, exige certeza absoluta de que cada voto fue real, libre, secreto y contado fielmente.
La Misión de Observación y Acompañamiento Internacional evalúa los procesos electorales a la luz de los estándares interamericanos e internacionales sobre derechos políticos, en particular los artículos 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como las directrices de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los principios de la OEA sobre observación electoral.
En este marco, la libre expresión de la voluntad popular no se limita a la jornada de votación, sino que abarca el conjunto de garantías previas, concurrentes y posteriores que aseguren que el resultado refleje auténticamente la decisión del electorado, libre de coacción, manipulación o injerencia indebida [I].
La presente valoración se construye sobre la base de los hallazgos documentados en los Bloques I a III de este informe, que sistematizan evidencias relativas a injerencia extranjera, guerra cognitiva, violencia política, paramilitarismo, compra y constreñimiento del voto, respuestas institucionales y debilidades estructurales del sistema electoral.
[HV] El proceso electoral colombiano de 2026 se desarrolló en un contexto de injerencia extranjera sin precedentes en la historia democrática reciente del país. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, proclamó públicamente su respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella, declarando: "Me cae bien el tigre, saben ¿por qué? Porque yo le caigo bien. Él estaba abajo en la lista de candidatos, no iba a ganar, lo apoyé y ganó" [HV]. El secretario de Estado, Marco Rubio, llamó personalmente a De la Espriella la noche del 21 de junio para felicitarlo y anunciar cooperación estrecha. Veinte congresistas demócratas de Estados Unidos y europarlamentarios condenaron esta injerencia como "un insulto a su soberanía e integridad" [HV]. El senador republicano Bernie Moreno, nacido en Bogotá y naturalizado estadounidense, actuó como intermediario entre De la Espriella y Trump, y participó como observador internacional acreditado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), circunstancia que fue cuestionada por el equipo del Pacto Histórico en reuniones con la autoridad electoral [HV].
[HV] La guerra cognitiva operó a través de múltiples vectores. El Proyecto Júpiter, dirigido por el excanciller Jaime Bermúdez, recaudó más de 7.000 millones de pesos entre empresarios para diseñar una estrategia de "miedo, indignación e incertidumbre", alcanzando a más de 17 millones de colombianos con más de 1.700 piezas de contenido desde mayo de 2025 [HV]. Se detectó la página "Está en Nuestras Manos" en Facebook con 260 anuncios activos, 89 de ellos políticos sin descargo de responsabilidad, usando personajes generados por inteligencia artificial para simular testimonios ciudadanos espontáneos [HV]. El Hondurasgate reveló audios de Juan Orlando Hernández —indultado por Trump— planificando una "célula digital" desde Estados Unidos con fondos de Milei ($350.000) y fondos hondureños ($300.000) para desestabilizar gobiernos de Colombia, México y Honduras [HV]. Se documentaron miles de cuentas falsas y bots de origen ruandés, turco, ruso, indio, indonesio y salvadoreño reactivadas para apoyar a De la Espriella [HV].
[HV] La violencia política y la persecución de la oposición marcaron la contienda. Álvaro Medina Villarreal, coordinador de campaña de De la Espriella en Huila, fue grabado en audios amenazando con "dar de baja" a 18.000 personas, incluyendo al presidente Petro e Iván Cepeda, y prometiendo "destripar", "sacar los ojos" y "bombardear" opositores [HV]. La congresista electa del Pacto Histórico Luz Verónica Estrada fue víctima de un atentado con arma de fuego el 19 de junio en Urrao (Antioquia) [HV]. El creador de contenido Beto Coral, ciudadano colombiano residente legal en Estados Unidos, fue detenido por agentes de Homeland Security Investigations el 19 de junio de 2026, en presencia de su hijo menor de edad, horas después de que De la Espriella publicara en redes: "Habrá buenas noticias para Colombia y para los colombianos patriotas en el exterior. Dura settles coming" [HV]. Un memorando al que tuvo acceso The New York Times indica que fue el secretario de Estado Marco Rubio quien dio la instrucción para la detención, considerando que la permanencia de Coral "socavaba los intereses de la potencia norteamericana" [HV].
[HV] La compra y constreñimiento del voto se documentaron de manera sistemática. El Ministerio del Trabajo identificó 59 empresas en 16 departamentos donde empleados fueron presionados para votar por De la Espriella bajo amenazas de despido, promesas de bonos y obligación de conseguir votos adicionales [HV]. En la Alcaldía de Barranquilla, funcionarios públicos fueron obligados a registrar datos personales y mesa de votación en planillas numeradas, y a conseguir entre 20 y 100 votos cada uno para De la Espriella [HV]. Se documentó la práctica de fotografiar el tarjetón marcado dentro del cubículo de votación como mecanismo de verificación del voto, pese a que el Decreto 0211 de 2026 prohíbe el uso de celulares en puestos de votación [HV].
[HV] Las debilidades estructurales del sistema electoral se manifestaron de manera grave. El escrutinio fue manual, sin protocolo unificado ni visibilidad ciudadana suficiente. La operación del software de escrutinio estuvo a cargo de una empresa privada (los hermanos Bautista), lo que generó denuncias sobre la eliminación de algoritmos de seguridad como la estampilla de tiempo y el candado Hash [HV]. En el exterior, miles de cédulas de ciudadanos colombianos no llegaron a tiempo para las elecciones de primera vuelta, afectando principalmente a votantes en zonas donde el Pacto Histórico tiene mayor apoyo [HV]. El voto en el exterior mostró anomalías estadísticas severas: 124 mesas donde el 100% de los votos fueron para un único candidato; puestos con participación superior al 100% del censo registrado en Estados Unidos (Miami-West Palm Beach 109.6%, Atlanta-Charlotte 110.7%, Houston-Dallas 103.5%); y 80 mesas 100% homogéneas en segunda vuelta, donde solo existían dos candidatos, lo que hace estadísticamente mucho más improbable la homogeneidad total [HV].
[I] La diferencia oficial en la segunda vuelta fue de aproximadamente 251.000 votos a nivel nacional, equivalente a menos de un punto porcentual [I]. Esta diferencia ajustada fue calificada por el experto electoral Alfredo Serrano como estadísticamente anómala, quien comparó el caso con Bolivia 2019, donde la OEA determinó fraude electoral por diferencias parecidas [I].
[I] El voto en el exterior —614.110 sufragios en segunda vuelta— adquirió una relevancia estratégica sin precedentes. La diferencia de 177.843 votos a favor de De la Espriella sobre Iván Cepeda en el exterior representa aproximadamente el 64% de la diferencia total a nivel nacional [I].
[I] ¿Quién nos garantiza que el Consejo, la máxima autoridad electoral, realmente está certificando la voluntad popular?, dado el escrutinio manual opaco sin reglas unificadas ni herramientas tecnológicas. El actuar del CNE puede estar revelando una crisis de legitimidad institucional.
[I] Iván Cepeda declaró que el preconteo "no es oficial ni vinculante" y pidió esperar al escrutinio de actas, reconociendo anomalías en el preconteo [I]. Posteriormente, conformó un equipo jurídico contra la corrupción electoral y la compra de votos, y llamó a la desobediencia civil en caso de que el gobierno entrante se alejara del interés nacional [I].
[I] El periodista Daniel Coronell indicó que históricamente la diferencia entre preconteo y escrutinio es de décimas, por lo que un cambio drástico es improbable aunque no imposible, pero alertó que hay 1.200 mesas electorales impugnadas [I].
La Misión de Observación y Acompañamiento Internacional emite las siguientes reservas y salvedades con respecto al proceso electoral:
Las anomalías estadísticas documentadas en el voto en el exterior — mesas 100% homogéneas en una contienda de dos candidatos, crecimiento explosivo y contradictorio del voto derechista en Miami y la diferencia de 177.843 votos que concentra la mayor parte del margen nacional— son cifras que no se sostienen estadísticamente y ameritan investigación forense exhaustiva. [HV]
Las denuncias sobre la eliminación de la estampilla de tiempo y el candado Hash en el software de la Registraduría, sumadas a la operación del sistema a cargo de una empresa privada sin auditoría independiente verificable, configuran vulnerabilidades estructurales que impiden certificar la integridad de la cadena de custodia digital. [I]
El respaldo explícito de un gobierno extranjero (Estados Unidos) a través de declaraciones presidenciales, llamadas de secretarios de Estado, movilización de congresistas, y la detención selectiva de un crítico del candidato favorecido (Beto Coral), constituye una injerencia que distorsionó las condiciones de equidad de la contienda y ejerció un efecto disuasorio sobre sectores del electorado, particularmente en el exterior. [HV]
La documentación sistemática de compra y constreñimiento del voto en al menos 59 empresas, la presión sobre funcionarios públicos, la fotografía del tarjetón como mecanismo de coerción, y la operación del Proyecto Júpiter generando miedo e incertidumbre en centros de trabajo, demuestran que una porción significativa del electorado no pudo expresar su voluntad en condiciones de libertad. [HV]
Las amenazas de "destripar" y "bombardear" opositores por parte de coordinadores de campaña, el atentado contra la congresista electa Luz Verónica Estrada, la detención de críticos, y el hostigamiento a periodistas, crearon un clima de intimidación que afectó el libre ejercicio de los derechos políticos. [HV]
La operación de redes de desinformación, deepfakes, cuentas bots coordinadas, y la concentración mediática que otorgó cobertura asimétrica a favor de De la Espriella, distorsionaron la capacidad del electorado para formar un juicio informado. [HV]
Abelardo de la Espriella es ciudadano estadounidense, votante republicano registrado en Miami, y donó a campañas de Trump (2016, 2020) y a la congresista María Elvira Salazar (al menos $92.000 reportados) [HV]. Cientos de abogados y juristas consideraron incompatible la doble nacionalidad con la presidencia de Colombia, dado el juramento de lealtad a Estados Unidos [HV]. La Corte Constitucional no se pronunció sobre la cuestión previo a las elecciones, dejando una ambigüedad legal que favoreció a De la Espriella [HV].
A la luz de los estándares interamericanos, la Misión no puede afirmar que los resultados que no se sostienen estadísticamente reflejen plenamente la libre expresión de la voluntad popular. El conjunto de factores documentados —injerencia extranjera directa, guerra cognitiva masiva, violencia política, compra y constreñimiento del voto, anomalías estadísticas severas en el escrutinio exterior, y vulnerabilidades estructurales del sistema de conteo— configuran un escenario donde la legitimidad del resultado es objeto de interrogantes fundados.
La diferencia de menos de un punto porcentual, concentrada en un voto exterior plagado de irregularidades documentadas, convierte a estas elecciones en un caso que exige, como mínimo, una auditoría forense integral del software, del escrutinio exterior, y de la cadena de custodia de los formularios E14, así como la investigación judicial de las denuncias de compra de votos y constreñimiento laboral. Sin estas garantías de esclarecimiento, el resultado carece de la certeza probatoria que los estándares democráticos exigen.
[I] Las elecciones dejaron un país "partido por la mitad", en palabras del presidente Petro. Con una diferencia de aproximadamente 251.000 votos en un padrón de más de 39 millones de ciudadanos habilitados, el gobierno entrante enfrentará una crisis de legitimidad estructural, particularmente si las denuncias de irregularidades no son debidamente investigadas.
[I] El artículo "La arquitectura del miedo" anticipa una transición hacia una "democracia iliberal" o autoritarismo competitivo, con estigmatización de la disidencia, detención de críticos (Beto Coral), intimidación a abogados (Miguel Ángel del Río recibió fotografías de cuerpos desmembrados tras el resultado electoral), y despojo a campesinos como prácticas inminentes. El lenguaje violento de la campaña —"vamos a destripar a la izquierda", "hay que extirpar este cáncer"— no puede ser descartado como mera retórica electoral cuando proviene de quienes ostentarán el poder ejecutivo. [HV]
[HV] En materia de paz, el escenario es de alta incertidumbre. Noventa y nueve integrantes del grupo Comandos de Frontera dejaron armas en una Zona de Ubicación Temporal en Putumayo el 18 de junio de 2026, pero su futuro es incierto ante la promesa de De la Espriella de desmontar la Paz Total y no negociar con "criminales" [HV]. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estudia 11 macrocasos que podrían verse afectados por la reducción presupuestal del 90% prometida por el programa de gobierno, lo que cerraría procesos sobre falsos positivos (6.402-7.837 víctimas documentadas) y comparecencia de aproximadamente 2.000 integrantes de la Fuerza Pública [HV].
[I] El informe de la Misión de Observación del GAE señala que el escenario pos-electoral está marcado por alta polarización, riesgo de escalada de violencia contra líderes de oposición y la necesidad de diálogo nacional para garantizar la gobernabilidad. El informe de la Misión Internacional de Observación y Acompañamiento Electoral destaca que el escenario dependerá de la capacidad de las instituciones para procesar denuncias de irregularidades, garantizar justicia para víctimas de violencia política y construir consensos básicos sobre reformas electorales y de seguridad .
[I] Se perfila un escenario peligroso por la instalación de un discurso de deslegitimación del otro, configurando un escenario complejo para la oposición, y según Daniel Coronell, se vienen "arremetidas gigantescas de propaganda" para convencer a la población de que "lo que es blanco es negro y lo que es negro es blanco".
[I] El gobierno entrante ha anunciado una alineación estratégica con los Estados Unidos que trasciende la cooperación bilateral tradicional. De la Espriella anunció que Colombia hará parte del Escudo de las Américas (A3C) desde el 7 de agosto, una iniciativa político-militar de Trump que permite operaciones conjuntas de interdicción y uso de "fuerza militar letal", y prometió alianza estratégica con Israel de Netanyahu, incluyendo posible compra de armamento [I]. Esto implica una redefinición estructural de la posición colombiana en el sistema internacional, con posible revisión de membresía en ONU, OEA y CIDH, según alertas de analistas [I].
[HV] Congresistas demócratas de Estados Unidos presentaron tres enmiendas a la NDAA 2027 para condicionar asistencia militar a Colombia, evitar que recursos beneficien redes paramilitares, y exigir informes sobre violaciones de derechos humanos incluyendo falsos positivos [HV]. Esto indica que la injerencia no es unánime dentro de la política estadounidense y que existirá un escrutinio congresional sobre las prácticas del gobierno colombiano.
[I] El informe del Partido de la Izquierda Europea, señala que el escenario pos-electoral está condicionado por la persistencia de factores de injerencia extranjera, la presencia de grupos armados ilegales y la necesidad de reformas estructurales al sistema electoral y de seguridad [I].
[T] El presidente Petro, en declaraciones previas a la elección, reflexionó sobre dos escenarios posibles: ostracismo del proyecto político si ganaba la derecha, o profundizar "una democracia multicolor" que exporte "vida, no muerte" [T]. Tras los resultados que no se sostienen, llamó a la tranquilidad ciudadana y señaló: "La realidad nos da un país partido por la mitad, e injerencia extranjera quitándonos la libertad. Se impone un acuerdo nacional" [T].
[I] Iván Cepeda aceptó los resultados pero denunció irregularidades, conformó un equipo jurídico contra la corrupción electoral y la compra de votos, y posteriormente llamó a la desobediencia civil en caso de que el gobierno entrante se alejara del interés nacional [I].
[I] A nivel internacional, se anticipan presiones contradictorias: por un lado, la administración Trump y aliados regionales (Milei, Netanyahu) apoyarán las políticas de alineamiento; por otro, sectores del Congreso estadounidense, la Unión Europea y organismos internacionales ejercerán vigilancia sobre violaciones de derechos humanos, particularmente si se materializan las amenazas de desmontar la JEP, criminalizar la oposición o intensificar la violencia paramilitar [I].
La Misión de Observación y Acompañamiento Internacional cierra su labor con un mensaje de alerta y de compromiso con la democracia colombiana.
Primero: Colombia atraviesa una crisis de legitimidad electoral que no puede ser resuelta con la retórica de la normalidad. Las cifras que no se sostienen estadísticamente, las anomalías documentadas en el escrutinio exterior, y el conjunto de irregularidades verificadas exigen una respuesta institucional seria, incluyendo auditoría forense independiente e investigación judicial de las denuncias de compra de votos, constreñimiento e injerencia extranjera.
Segundo: La injerencia de una potencia extranjera en un proceso electoral soberano es una vulneración del derecho de los pueblos a la libre determinación que trasciende Colombia y configura un patrón regional de desestabilización. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de no normalizar estas prácticas y de exigir rendición de cuentas.
Tercero: La violencia política, las amenazas de exterminio contra la oposición, la detención de críticos, y el hostigamiento a periodistas son incompatibles con cualquier forma de democracia. La Misión insta al gobierno entrante a respetar los derechos humanos, a garantizar la integridad física de líderes de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos, y a abstenerse de usar el aparato estatal para la persecución política.
Cuarto: El Acuerdo de Paz de La Habana, la Jurisdicción Especial para la Paz, y los avances en materia de reforma agraria, transición energética y reducción de la pobreza son patrimonio de la nación colombiana y no pueden ser desmantelados por decreto sin que ello genere una crisis humanitaria y social de proporciones históricas. La Misión llama a la defensa de estos logros como garantía de estabilidad regional.
Quinto: La Misión deja constancia de que su labor de observación fue obstaculizada por la acreditación selectiva de observadores, por la superficialidad de las agendas de capacitación, y por la falta de respuestas efectivas de las autoridades electorales a las consultas y solicitudes formuladas [HV]. Las condiciones de seguridad para observadores internacionales no fueron óptimas en todos los territorios, particularmente en zonas de influencia paramilitar.
Sexto: La Misión reitera su solidaridad con el pueblo colombiano, con las víctimas de violencia política, con los líderes sociales amenazados, con los periodistas perseguidos, con los votantes en el exterior cuyos derechos fueron vulnerados, y con quienes, como Beto Coral, pagan con su libertad el ejercicio de la disidencia democrática. La democracia colombiana no está derrotada, pero sí gravemente herida. Su recuperación dependerá de la movilización ciudadana, de la resistencia institucional de quienes aún creen en el Estado de derecho, y de la vigilancia internacional que no se doblegue ante la geopolítica del poder.
Séptimo: De cara a la región, la Misión advierte que lo ocurrido en Colombia hace parte de una estrategia regional de desestabilización que ha operado en Bolivia (2019), Perú (2021), Ecuador y que amenaza a Brasil y México. La defensa de la democracia en Colombia es, en este sentido, la defensa de la democracia en América Latina. La región no puede permitirse una nueva ola de dictaduras encubiertas, de "democracias iliberales" que legitimen el autoritarismo con urnas manipuladas y derechos suspendidos.
[I] El informe de observación debe ser absolutamente respetuoso y diplomático pero riguroso, tomando como referencia metodológica el formato de Unión Europea, aunque esta organización funciona en ocasiones como "comité de aplausos a las democracias fascistas" [T]. La Misión comparte la necesidad de rigor metodológico y de no caer en la normalización de procesos que, aunque formalmente competidos, están estructuralmente viciados.
[I] El documento de la Magistrada Alba Lucia Velázquez sobre el escrutinio electoral sostiene que la democracia en sede de escrutinio "no se defiende mediante aproximaciones retóricas, sino a través de normas, documentos y criterios jurídicos verificables", insinuando que el sistema actual no garantiza plenamente la correspondencia entre voto y resultado [I]. La Misión suscribe esta apreciación y destaca que el escrutinio manual opaco, sin protocolo unificado, sin visibilidad ciudadana suficiente, y operado por una empresa privada, constituye una debilidad estructural que exige reforma integral.
[HV] La firma De la Espriella Lawyers firmó al menos 12 contratos con entidades del Estado entre 2018 y 2026, incluyendo dos con la Alcaldía de Barranquilla (vinculada al clan Char) por $357 y $595 millones de pesos, uno de ellos vigente durante la campaña presidencial [HV]. De la Espriella es abogado de la familia Char en más de 40 procesos y ha defendido a los Nule (carrusel de la contratación). Este entramado de vínculos empresariales, contractuales y jurídicos con actores políticos tradicionales y con el Estado mismo plantea interrogantes sobre conflictos de interés que deberán ser vigilados durante el ejercicio del gobierno.
[HV] Germán Calderón España, abogado cercano a De la Espriella, fue condenado en 2010 por la Corte Suprema por celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en la Alcaldía de Soacha (contratos de señalización fraccionados para evadir licitación), aunque la pena prescribió. Hoy aspira a ser magistrado de la Corte Constitucional o Procurador General [HV].
[I] Un artículo de Jacobin documenta la masacre del 25 de abril de 2026 en Cajibío (Cauca) con 20 muertos y 36 heridos, incluyendo la lideresa social Patricia Mosquera (víctima 48 de líderes sociales en 2026 según Indepaz). La masacre ocurrió en zona de influencia de ingenios azucareros vinculados al Proyecto Júpiter y con historia de financiación al Bloque Calima de las AUC [I]. Este hecho ilustra la concatenación entre violencia paramilitar, intereses económicos y contienda electoral que sigue operando en regiones clave del país.
[HV] El programa La Base de Canal Red documenta que se registraron múltiples atentados violentos en el Cauca y Valle del Cauca durante la campaña electoral (abril-mayo 2026), incluyendo asesinatos de candidatos y líderes sociales, concentrados en zonas donde el gobierno saliente tiene mayor apoyo electoral [HV].
Con base en la totalidad de los hallazgos, la Misión formula las siguientes recomendaciones:
1. Auditoría forense integral: Se requiere una auditoría forense del software de escrutinio de la Registraduría, del escrutinio en el exterior, y de la cadena de custodia de los formularios E14, realizada por expertos internacionales independientes, con acceso irrestricto a los servidores, bases de datos y registros de auditoría.
2. Investigación de irregularidades electorales: Las denuncias de compra de votos, constreñimiento laboral, manipulación de resultados en el exterior, y uso de recursos públicos para fines electorales deben ser investigadas por la Fiscalía General de la Nación y, en su caso, por la Corte Penal Internacional, si se acredita que constituyen crímenes de lesa humanidad en el marco de una política sistemática de persecución.
3. Garantías para la oposición: El Estado colombiano debe garantizar la integridad física y jurídica de Iván Cepeda, de los líderes del Pacto Histórico, de periodistas críticos, y de defensores de derechos humanos, implementando medidas de protección efectivas y sancionando las amenazas públicas de violencia.
4. Defensa de la JEP y el Acuerdo de Paz: Se insta al gobierno entrante a respetar la Jurisdicción Especial para la Paz, a mantener los compromisos del Acuerdo de La Habana, y a no revertir los avances en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición.
5. Reforma electoral estructural: Es imprescindible una reforma que unifique el protocolo de escrutinio, fortalezca la transparencia y la fiscalización ciudadana, regule el financiamiento privado de campañas, prohíba el uso de inteligencia artificial para generar desinformación electoral, y garantice el derecho al voto de los colombianos en el exterior con estándares de logística y seguridad equiparables a los del territorio nacional.
6. Investigación de la injerencia extranjera: Se recomienda que el Congreso de Colombia conforme una comisión de investigación sobre la injerencia de Estados Unidos en el proceso electoral, que incluya el análisis de la detención de Beto Coral, el rol de funcionarios estadounidenses como observadores, y el financiamiento de campañas a través de plataformas digitales.
7. Protección del periodismo independiente: Dadas las señales de estigmatización, censura y perfilamiento de periodistas y medios documentadas durante la campaña, se recomienda que organismos internacionales como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH mantengan vigilancia especial sobre Colombia durante el próximo período de gobierno.
La Misión de Observación y Acompañamiento Internacional de las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026 concluye su informe con una valoración que no puede ser complaciente. El proceso electoral colombiano de 2026 no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral en lo que respecta a las garantías previas, concurrentes y posteriores al acto de votación. La injerencia extranjera directa de un gobierno extranjero, la guerra cognitiva masiva, la violencia política, la compra y constreñimiento del voto, las anomalías estadísticas en el escrutinio, y las vulnerabilidades estructurales del sistema de conteo, configuran en su conjunto un escenario donde los resultados que no se sostienen por sí mismos requieren de investigación exhaustiva antes de poder ser considerados legítimos.
La Misión no se pronuncia sobre la nulidad de los resultados, competencia que corresponde a las jurisdicciones colombianas e internacionales competentes, pero sí deja constancia de que las cifras que no se sostienen estadísticamente, sumadas al conjunto de irregularidades documentadas, constituyen un corpus probatorio que amerita investigación judicial y auditoría forense independiente.
La Misión expresa su solidaridad con el pueblo colombiano, con las víctimas de violencia política, con quienes fueron privados de su derecho al voto libre, con los perseguidos por ejercer el periodismo crítico, y con quienes, como Iván Cepeda y quienes lo acompañaron, defendieron un proyecto de país en condiciones de inequidad manifiesta. La democracia colombiana ha demostrado resiliencia histórica. Su defensa en este momento crítico es también la defensa de la democracia en América Latina y en el mundo.
Elaborado por: Equipo de relatoría político-electoral
Misión de Observación y Acompañamiento Internacional — Elecciones Presidenciales Colombia 2026
Bogotá, julio de 2026
El propósito de este bloque es sistematizar, con rigor académico y bajo estándares de prueba diferenciados, los vicios estructurales, sistemáticos y concurrentes que, de acreditarse plenamente ante la jurisdicción electoral o la jurisdicción constitucional, configurarían causales objetivas de nulidad parcial o total de la elección presidencial de Colombia de 2026. La distinción entre hecho verificado [HV], testimonio [T] e información reportada [I] se mantiene a lo largo de todo el texto, de modo que el lector pueda discriminar, en cada proposición, el grado de certeza probatoria alcanzado por la Misión.
Se parte del principio de que la nulidad electoral no exige la demostración de un fraude individualizado y directamente atribuible a un beneficiario concreto; basta con acreditar la concurrencia de irregularidades graves, sistemáticas y determinantes que comprometan el principio de libre manifestación de la voluntad popular, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional colombiana y los estándares interamericanos [I].
La Constitución Política de Colombia de 1991 establece, en su artículo 96, que "la nacionalidad se pierde por renuncia" y que los colombianos por adopción no pueden ser elegibles para la Presidencia de la República si adquirieron otra nacionalidad. [HV] La Corte Constitucional y el Consejo de Estado, sin embargo, no se pronunciaron de fondo sobre la doble nacionalidad del candidato Abelardo de la Espriella antes de la celebración de las elecciones, pese a que la Procuraduría General de la Nación solicitó formalmente una definición al respecto [HV]. Esta omisión institucional generó una ambigüedad jurídica que, interpretada restrictivamente, pudo haber inhabilitado de oficio una candidatura que, según cientos de abogados consultados, resulta incompatible con el juramento de lealtad a Estados Unidos que exige la naturalización norteamericana [I].
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) establece, en su artículo 275, las causales especiales de nulidad de la elección, entre ellas: (a) violencia contra los electores (numeral 1); (b) falsedad en los registros electorales (numeral 3); y (c) modificación de actas de escrutinio. Asimismo, el artículo 137 del mismo código establece la violación de normas superiores como causal general de nulidad de actos administrativos. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha reiterado que la nulidad no presupone dolo individualizado, sino la acreditación de un vicio que, de no haber existido, hubiera podido alterar el resultado [I].
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) establece, en su artículo 23, el derecho a participar en el gobierno por medio de elecciones periódicas, auténticas y libres. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que las irregularidades electorales que comprometen la autenticidad del sufragio pueden constituir una vulneración del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, particularmente cuando afectan el acceso equitativo del electorado a la información y las oportunidades de los candidatos [I].
La jurisprudencia comparada, en particular las decisiones de tribunales electorales que han anulado elecciones por injerencia estatal extranjera en la contienda (como las elecciones presidenciales de Rumania de 2024), ha sentado precedentes sobre la anulación de resultados cuando se acredita intervención externa que compromete la autenticidad del proceso. El presidente Gustavo Petro invocó explícitamente la experiencia de Rumania en sus denuncias públicas sobre la injerencia de Estados Unidos en las elecciones colombianas, comparando ambos casos para exigir la nulidad de los comicios [HV].
La injerencia del gobierno de Estados Unidos en las elecciones presidenciales de Colombia 2026 no se limitó a declaraciones genéricas, sino que adoptó formas concretas, reiteradas y de alta intensidad:
La injerencia extranjera estatal en procesos electorales no es un vicio formal susceptible de subsanación; es, por su naturaleza, un atentado contra el principio de autodeterminación democrática. La doctrina electoral comparada ha calificado este tipo de intervención como causa sine qua non de nulidad cuando concurren tres elementos: (a) la intervención proviene de un agente estatal extranjero; (b) tiene por objeto beneficiar a un candidato específico; y (c) incide en la libertad del electorado [I]. Los tres elementos se encuentran acreditados en el caso colombiano.
La detención de Beto Coral, en particular, constituye un acto de represalia transnacional contra un disidente político, ordenado por un funcionario del gobierno estadounidense, en plena campaña electoral colombiana. La abogada Elizabeth Show confirmó que presentar una queja en el FBI "absolutamente no" es causa de arresto bajo ninguna ley federal o estatal, y que la única razón para detener a una persona en trámite de asilo es la comisión de un delito, lo cual no parece aplicar en este caso [I]. La Misión considera que este hecho, por sí solo, generó un efecto disuasorio sobre votantes colombianos en el exterior, particularmente en Estados Unidos, que pudieron percibir que la expresión de preferencias contrarias a De la Espriella implicaba riesgos de represalia estatal [I].
El artículo 191 de la Constitución Política de Colombia establece que para ser Presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento. De la Espriella nació en Colombia, por lo que cumple formalmente este requisito. La normativa electoral colombiana no prohíbe la doble nacionalidad a los colombianos por nacimiento: la inhabilidad por doble nacionalidad exceptúa expresamente a quienes adquirieron la nacionalidad colombiana por ese medio [HV]. No obstante, la naturalización estadounidense de un candidato —que implica un juramento de lealtad a otro Estado— plantea un problema de fondo sobre la independencia de criterio y la ausencia de conflictos de lealtad que exige el más alto cargo del Estado soberano, particularmente cuando ese candidato se beneficia directamente de la injerencia del gobierno al que juró lealtad [I].
La omisión de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado para definir esta cuestión antes de las elecciones no legitima a posteriori una candidatura que, a juicio de la Misión, presenta un conflicto estructural de lealtades. La postulación de un candidato con doble nacionalidad activa, financiamiento documentado a campañas de un partido extranjero y compromisos de lealtad jurados a otro Estado, constituye —en opinión de la Misión— un vicio de origen que contamina la validez formal del proceso electoral, en la medida en que compromete la percepción pública de independencia y soberanía del futuro gobierno [I].
La violencia política como método de campaña vulnera el derecho a la participación política en condiciones de igualdad y sin intimidación, consagrado en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Constitucional colombiana ha establecido que la violencia política estructural, especialmente cuando proviene de actores con nexos con grupos armados o de la propia maquinaria de un candidato, configura causal de nulidad porque impide el libre ejercicio del sufragio [I].
La concurrencia de amenazas explícitas desde la estructura de campaña de De la Espriella, con agresiones físicas contra candidatos de oposición y la celebración pública de la violencia como promesa electoral, generó un clima de terror que comprometió la libertad del electorado, particularmente en regiones con presencia histórica de paramilitarismo [I].
El constreñimiento del voto, ya sea económico (compra) o coercitivo (amenaza), constituye una causal de nulidad electoral. El artículo 275 numeral 1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) tipifica la violencia contra los electores como causal de nulidad, mientras que el artículo 137 del mismo código establece la violación de normas superiores como causal general de nulidad de actos administrativos, incluidos los electorales. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que no es necesario acreditar la compra de un número determinado de votos para declarar la nulidad; basta con demostrar la existencia de una estructura organizada de compra o coerción que, por su naturaleza sistemática, compromete la libertad del electorado [I].
Los datos documentados por el Ministerio del Trabajo, la MOE y denuncias ciudadanas revelan una red de constreñimiento laboral y empresarial que operó a escala nacional. La exigencia de fotografiar el tarjetón marcado, en particular, demuestra un mecanismo de verificación que convierte el voto en un acto transaccional, vulnerando el secreto del sufragio y la libertad electoral [HV].
La utilización de inteligencia artificial, bots y operaciones de desinformación coordinadas desde el exterior constituye una forma de injerencia extranjera no estatal que, cuando opera en connivencia con una campaña nacional, genera un desequilibrio informativo incompatible con la equidad de la contienda. La Misión considera que la desinformación masiva, especialmente cuando utiliza tecnologías de manipulación algorítmica, puede comprometer la autenticidad del sufragio al impedir que el electorado decida sobre la base de información veraz. Si bien la Corte IDH no se ha pronunciado específicamente sobre este fenómeno en el contexto de desinformación digital, la solicitud de Opinión Consultiva presentada por el Estado de Guatemala ante la Corte IDH (OC-SOC-1/2025, diciembre de 2024), relativa a "Democracia y Derechos Políticos", sí advierte que la desinformación y el mal uso de las redes sociales —mediante bots, trolls y ciborgs— resultan lesivos para el ejercicio democrático y la pureza del proceso electoral, al generar "una amplia difusión de noticias falsas, información inexacta sobre los procesos electorales, provocaciones, incivilidad, discursos de odio o discriminatorios" [I].
El Proyecto Júpiter, por su financiamiento opaco, su operación en empresas para constreñir a trabajadores y su ausencia de reporte al CNE, opera en una "zona gris" que el régimen electoral colombiano no logra fiscalizar [I]. La Misión considera que la combinación de guerra cognitiva con constreñimiento laboral configura un vicio dual que afecta tanto la libertad interna del elector (su capacidad de decidir informadamente) como su libertad externa (su capacidad de votar sin presión).
El análisis de resultados electorales en el exterior, documentado en el informe técnico de la Misión, arroja anomalías estadísticas que no se sostienen bajo parámetros de distribución normal:
Las anomalías estadísticas documentadas no constituyen, por sí solas, prueba de fraude; sin embargo, conforman evidencia circunstancial de alta intensidad que activa el deber de investigación de las autoridades electorales. El Consejo de Estado ha declarado la nulidad de elecciones cuando se acreditan irregularidades en el escrutinio que alteran el resultado —como falsedad en registros, inconsistencias entre formularios E-14 y E-24, o más votos que sufragantes—, especialmente cuando concurren con denuncias de manipulación de documentos electorales [I]. La Misión considera que, en el caso del voto en el exterior, la magnitud de las anomalías estadísticas y su concurrencia con denuncias de interferencia tecnológica configuran vicios graves susceptibles de nulidad.
La participación superior al 100% del censo en múltiples puestos de Estados Unidos es, por definición, una imposibilidad lógica que solo puede explicarse por: (a) manipulación del censo (deflación); (b) inflación de votos; o (c) ambos fenómenos simultáneamente [I]. Cualquiera de estas hipótesis compromete la integridad del escrutinio. Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que "el ordenamiento jurídico no admite la posibilidad de que resulten más votos que sufragantes", pues aquellos votos excedentes "necesariamente serán el resultado de la intervención de manos fraudulentas" [HV].
La ausencia de protocolo unificado de escrutinio en el CNE para el voto en el exterior, la falta de herramientas tecnológicas para la revisión sistemática y la opacidad del proceso en los despachos de los magistrados generan una ventana de riesgo estructural que, en una elección decidida por menos del 1%, resulta determinante [T]. El Pacto Histórico y el exmagistrado Luis Guillermo Pérez han denunciado públicamente que el CNE escrutinizó los votos del exterior con base en formularios digitalizados, sin esperar la llegada de la documentación física enviada por valija diplomática, lo que impide la verificación integral del proceso [HV].
La omisión de las autoridades electorales en investigar denuncias graves, garantizar la transparencia del escrutinio y sancionar irregularidades documentadas configura un vicio de procedimiento que compromete la legitimidad del resultado. La Corte Constitucional ha establecido, en el marco de la protección de los derechos políticos, que las autoridades electorales tienen el deber de adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar conductas que afecten la integridad del proceso electoral [I]. La Misión considera que este deber de garantía abarca no solo abstenerse de interferir, sino activamente prevenir, investigar y sancionar irregularidades, particularmente en una contienda de márgenes mínimos.
La connivencia partidista de miembros del CNE con uno de los candidatos, la falta de respuesta a solicitudes formales de auditoría y la obstaculización al trabajo de testigos electorales generan un déficit de garantías que, en una elección de márgenes mínimos, resulta estructuralmente determinante [I].
El proceso electoral colombiano de 2026 no presentó un vicio aislado, sino una concatenación de irregularidades graves, sistemáticas y concurrentes que afectaron múltiples momentos y dimensiones de la contienda:
Bajo el estándar de prueba del "grado de convicción razonable" —un criterio que la Misión adopta de manera analógica a partir de estándares probatorios comparados y de la gravedad de los vicios documentados [I]—, la Misión considera que la concurrencia de los siete vicios documentados configura una hipótesis sólida de nulidad parcial (del voto en el exterior) o total de la elección presidencial de 2026. No se trata de probar un fraude individualizado, sino de acreditar que el proceso estuvo plagado de irregularidades graves que, en conjunto, comprometieron la libre manifestación de la voluntad popular.
El resultado preconteado a favor de Abelardo de la Espriella no se sostiene, en opinión de esta Misión, como expresión auténtica de la voluntad popular. Las cifras que ameritan investigación son tales que, de no aclararse mediante auditoría forense independiente, la legitimidad del proceso permanecerá cuestionada.
La diferencia de 177.843 votos en el exterior —aproximadamente dos tercios (64 %) de la ventaja total nacional, cuando en el interior la diferencia fue de solo 99.645 votos—, en una elección decidida por márgenes históricamente estrechos (menos del 1 % en el preconteo: 49,3 % contra 49,0 %; aproximadamente 1,1 % en el resultado oficial), convierte al voto en el exterior en un factor potencialmente determinante de un resultado que las anomalías estadísticas documentadas hacen estadísticamente improbable.
Auditoría forense independiente del software de escrutinio de los hermanos Bautista, con verificación de integridad de algoritmos de seguridad, trazabilidad de direcciones IP y comparación entre datos de servidores y formularios E-14 físicos.
Conteo manual público de las 124 mesas 100% homogéneas y las 1.499 mesas con más de 300 votos.
Investigación de la financiación extranjera de campaña, particularmente los 1,9 millones de dólares en publicidad de Google atribuidos a Dan Newlin, que, de confirmarse, configuraría una presunta violación de las normas de financiación de campañas electorales y podría ser alegada como causal de nulidad [I].
Investigación de la injerencia extranjera y uso de IA/bots, con apoyo de expertos internacionales en ciberseguridad.
Auditoría del censo electoral y transparentación de la designación de jurados de mesa en el exterior.
Revisión normativa del voto en el exterior, incluyendo verificación biométrica, límite de votantes por mesa y trazabilidad de formularios E-14.
La Misión de Observación y Acompañamiento Internacional, concluye que las elecciones presidenciales de Colombia de 2026 presentaron una concatenación de vicios graves y sistemáticos que, de acreditarse plenamente ante la jurisdicción competente, configurarían causales objetivas de nulidad electoral [I].
Los resultados que no se sostienen estadísticamente, las cifras que ameritan investigación y la ausencia de garantías mínimas de transparencia en el escrutinio —particularmente en el voto en el exterior— hacen que la proclamación de un ganador resulte prematura y carente de la certeza que exige el estado constitucional de derecho [I].
La Misión emite una declaración de sospecha fundada, respaldada en evidencia documental, testimonial y estadística, que exige —como mínimo— una auditoría exhaustiva antes de que pueda hablarse de un resultado definitivo [I]. La legitimidad de la democracia colombiana, y su relevancia como referente para la región, dependen de que estas anomalías sean investigadas con la seriedad que merecen [I].
Donde hay sospecha fundada, debe haber investigación. Donde hay anomalías, debe haber explicación. Y donde hay 614.110 votos en el exterior que pudieron definir la presidencia de un país, debe haber la certeza absoluta de que cada uno de esos votos fue real, libre y legítimo.
Bogotá, julio de 2026
Misión de Observación y Acompañamiento Internacional
Elecciones Presidenciales de Colombia 2026
Misión de Observación y Acompañamiento Internacional — Elecciones Presidenciales de Colombia 2026
Nota metodológica: El presente anexo documenta tres fuentes probatorias que no fueron incluidas en el consolidado maestro original de 198 documentos, pero que fueron remitidas a la coordinación de la misión como evidencia complementaria. Los datos han sido sintetizados en formato resumen estadístico para preservar la legibilidad del informe, sin perder la trazabilidad de las denuncias ciudadanas. Los documentos originales están disponibles para consulta en los archivos de la misión.
Sistema de etiquetado:
[HV] = Hecho Verificado (documento, registro o dato contrastable).
[T] = Testimonio (declaración de denunciante).
[I] = Información reportada / Interpretación de la Misión.
Fuente: Línea VIGIA del Pacto Histórico — Sistematización de denuncias ciudadanas sobre el censo electoral.
Alcance: 44 casos denunciados. Período: 29 de mayo a 20 de agosto de 2026.
La concentración de denuncias en los días inmediatamente posteriores a la primera vuelta (1-10 de junio) y a la segunda vuelta (11-20 de junio) sugiere que los ciudadanos verificaron el censo después de haber experimentado o presenciado irregularidades en la jornada electoral.
Fallecidos registrados como votantes activos. Veinticinco denuncias documentan que personas fallecidas —algunas hace más de 50 años— aparecen como habilitadas para votar en el sistema de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Casos emblemáticos incluyen: un ciudadano fallecido en 1970 (56 años de deceso) registrado en CORFERIAS [T]; un ciudadano asesinado hace 27 años por un grupo ilegal, cuya cédula registra voto en cada jornada electoral según la propia Registraduría [T]; un ciudadano fallecido en 1991 cuya cédula sigue activa en Duitama, Boyacá [T]; y un ciudadano fallecido en España cuya cédula aparece habilitada en Palmira, Valle del Cauca [T].
Votantes excluidos pese a tener cédula vigente. Seis denuncias documentan que ciudadanos con cédula expedida meses antes de la elección no aparecieron en el censo electoral. Casos incluyen: una joven con cédula de enero de 2026 que no pudo votar en Caldas, Antioquia [T]; un ciudadano con cambio de zonificación a Valledupar que no apareció en la lista de votantes pese a haber votado allí en elecciones anteriores [T]; y un joven que tramitó cédula en marzo de 2026, fue inscrito en el sistema, pero días antes de la elección apareció como no incluido en el censo [T].
Suplantación de identidad. Cinco denuncias documentan que personas ausentes (en el exterior) o que no asistieron a votar figuran como sufragantes en los formularios E-14. Un denunciante residente fuera de Colombia durante 8 meses constató que él, su madre y su hermana aparecían como votantes en el E-14 de Bogotá, pese a no haber estado en el país [T]. Otro denunciante en el exterior verificó que aparecía como votante en Bogotá, pese a estar fuera del país [T].
Doble votación y fallas en lectores de huella. Testigos electorales reportaron observar a un mismo ciudadano votando dos veces en mesas distintas, con cambio de camisa, y utilizando cédulas en mal estado que pasaron el lector de huellas sin inconvenientes [T]. En otro caso, una ciudadana reclamó que ya aparecía como votante pese a no haber ejercido el voto; al reportarlo al delegado de la Registraduría, le dijeron que el problema había sido "solucionado" y permitieron que votara, sin explicar cómo el sistema permitió duplicar un sufragio [T].
Las denuncias incluyen: capturas de pantalla de la página de la Registraduría; certificados de defunción; registros de radicado ante la Registraduría; fotografías de formularios E-14; y un video de TikTok sobre fallas en el censo. Treinta y dos de las 44 denuncias incluyen al menos una prueba documental o fotográfica [HV].
Fuente: Línea VIGIA del Pacto Histórico — Matriz de casos de compra de votos y constreñimiento.
Alcance: 118 casos denunciados. Período: 18 de mayo a 21 de junio de 2026.
Las denuncias describen al menos seis modalidades de compra y coacción:
1. Ofrecimiento directo de dinero en efectivo. Denuncias desde $50.000 hasta $500.000 por voto, con entrega en puntos de concentración (plazas de mercado, bares, prostíbulos) [T].
2. Transporte masivo de votantes. Camiones, buses y vehículos particulares trasladando grupos de votantes desde zonas rurales hacia puestos específicos, con pago de pasaje, alimentación y dinero adicional por el voto [T].
3. Presión laboral sobre empleados y contratistas. Funcionarios de alcaldías, gobernaciones y entidades de salud obligados a votar por un candidato específico, con control de asistencia y exigencia de fotografía del tarjetón [T].
4. Compra de votos a través de líderes religiosos y comunales. Pastores y líderes de comunidad que ofrecen dinero o mercados a feligreses a cambio del voto, utilizando listas de jurados de votación como base de datos de coacción [T].
5. Mercados y bonos alimentarios. Pago en especie (mercados, carnes, mercados de víveres) a campesinos e indígenas en zonas rurales [T].
6. Votos pre-marcados. Entrega de tarjetones con el voto en blanco ya subrayado, o instrucciones de fotografiar el voto para verificación [T].
Del total de 118 casos, 100 no cuentan con radicado formal ante la Fiscalía o la Registraduría, lo que sugiere que los denunciantes no recibieron asistencia para formalizar sus querellas. Diecinueve casos incluyen anexos de respaldo: videos de WhatsApp, audios, fotografías y enlaces a publicaciones en redes sociales (X, Facebook, Instagram) [HV]. En 28 casos, la línea VIGIA envió correo solicitando ampliación de información, pero no se documenta resolución institucional [I].
Fuente: Hilo de X (Twitter) de la senadora María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal), publicado durante el ciclo electoral de 2026.
Alcance: 27 observadores internacionales individualmente identificados y etiquetados.
Formato: Hilo de 27 tuits + imágenes adjuntas, con el hashtag #ObservadoresChavistas.
La senadora María Fernanda Cabal publicó un hilo de X en el que afirmó: "Me informan que han llegado a Colombia #ObservadoresChavistas con la misión de agitar las elecciones en Colombia. Alerto al @CNE_COLOMBIA sobre estos personajes, que vale la pena investigar y expulsar, algunos pertenecen al Frente Francisco De Miranda" [HV].
A continuación, perfiló a 27 observadores internacionales —ciudadanos de Argentina, Ecuador, Honduras, México, Venezuela, Brasil, Francia, Chile, España, Perú, Costa Rica, Corea del Sur, entre otros— con las siguientes caracterizaciones:
Etiquetas ideológicas: "chavista por convicción", "operadora internacional del chavismo", "militante del Partido LIBRE", "coordinadora de MORENA", "fanático de los regímenes como el cubano y venezolano", "comunista chavista", "socio de Maduro", "admirador de Chávez", "admirador de Maduro", "legitimador de las 'elecciones en Venezuela'", "promueve la violencia" [HV].
Vinculaciones políticas: Señaló que varios observadores pertenecían al Frente Francisco de Miranda (organización creada por Hugo Chávez y Fidel Castro), al Partido del Trabajo de México, a MORENA, al Partido LIBRE de Honduras, a La Francia Insumisa, al Centro de Integración y Cooperación entre Rusia y América Latina (CICRAL), y al Observatorio Latinoamérica Ahora (OLA) [HV].
Acusaciones de agitación: Cabal afirmó que los observadores "vinieron como observadores y se quedaron como agitadores", que promovían "ataques contra el proceso electoral colombiano", que "legitimaron fraudes en Venezuela", y que algunos habían participado en "revueltas" en Teusaquillo (Bogotá) tras la primera vuelta [HV].
Llamado a la expulsión: En el tuit inicial, Cabal pidió al CNE que investigara y expulsara a los observadores, calificándolos como "personajes" que "vale la pena investigar y expulsar" [HV].
María Fernanda Cabal fue, hasta enero de 2026, senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial del uribismo. En diciembre de 2025 perdió la consulta interna del partido frente a Paloma Valencia, denunciando fraude en el proceso. En enero de 2026, anunció su salida del Centro Democrático junto a su esposo, el empresario ganadero José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán. En febrero de 2026, Lafaurie renunció formalmente al Centro Democrático y se unió a Salvación Nacional, el partido que avaló la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella. En mayo de 2026, días antes de la primera vuelta, Cabal publicó una columna en Semana titulada "El tigre y la paloma" en la que, sin nombrarlo explícitamente, dejó entrever que votaría por De la Espriella, describiéndolo como "el líder fuerte y dominante que la derecha reclamaba" y afirmando que "el fervor de la calle vale más que cualquier cálculo político o ingeniería de partido" [HV].
El perfilamiento público de observadores internacionales por parte de una senadora de la República, con el hashtag #ObservadoresChavistas y el llamado explícito a su expulsión, constituye —en opinión de la Misión— un acto de estigmatización que afecta la seguridad y la libertad de ejercicio de la observación electoral. La caracterización ideológica de observadores acreditados como "agitadores" y "chavistas" genera un ambiente de hostigamiento que desincentiva la veeduría internacional y expone a los observadores a riesgos de persecución, especialmente en un contexto donde la Misión ya documentó la detención de un activista crítico (Beto Coral) por autoridades estadounidenses.
La confluencia entre este perfilamiento y la vinculación familiar de Cabal con la campaña de De la Espriella (su esposo, José Félix Lafaurie, militando en el partido que avaló a De la Espriella) sugiere que la senadora no actuó como mera ciudadana, sino como operadora política de una de las campañas en contienda, utilizando su posición institucional para deslegitimar la observación internacional que pudiera cuestionar irregularidades favorables a su candidato preferido [I].
Documento elaborado por la Misión de Observación y Acompañamiento Internacional. Las fuentes originales se encuentran en los archivos de la misión bajo los lotes: "Incidencias nacionales" (Matriz VIGIA CC Fallecidos, Matriz VIGIA PH CV) y "Perfilamiento de observadores internacionales" (hilo de X de María Fernanda Cabal). Las etiquetas probatorias son: [HV] Hecho Verificado; [T] Testimonio; [I] Información reportada / Interpretación.
INFORME FINAL